Claudio "Chiqui" Tapia reconoció percibir más de $818 millones por año, pero afirmó no tener ahorros. El dato surge de su declaración jurada como presidente de la Ceamse y como vicepresidente segundo de Conmebol; por sus funciones en la AFA asegura no cobrar.

Según el documento, Tapia recibe $68 millones mensuales netos. La Ceamse aporta alrededor de $8 millones, con una dedicación declarada de 15 horas semanales. Pero el ingreso más llamativo proviene de la Conmebol: $60 millones por mes por solo dos horas de trabajo a la semana, lo que equivale a $7,5 millones por hora.

A esto se suma una relación laboral activa registrada en Anses con Solbayres, la empresa privada de recolección de residuos que opera en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. También firma cheques para Barracas Central, aunque no declara ingresos por su rol en el club.

La declaración agrega más de $200 millones entre ventas, viáticos y rendimientos financieros: $44 millones por la venta de un vehículo y cerca de $30 millones en viáticos de AFA. Además, detalla $130 millones en intereses de plazos fijos y diferencia de cambio, pese a asegurar que no posee dinero en efectivo, cuentas bancarias ni inversiones, una contradicción que abre interrogantes.

En bienes inmuebles declara siete propiedades gananciales, entre ellas una casa en Beccar valuada en USD 15,7 millones, dos viviendas en Río Luján, un departamento en CABA, un terreno y otra casa en San Juan, y una propiedad en Cañada. También figuran dos automotores valuados en $22 millones y $5 millones. Tapia sostiene bajo juramento no omitir bienes ni datos.

La denuncia de Carrió, los presuntos testaferros y una mansión en disputa

Mientras Tapia defendía su declaración jurada, comenzó a avanzar un expediente paralelo. Elisa Carrió, junto a Matías Yofe y Facundo del Gaiso, denunció ante la PROCELAC a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte por presunto lavado de activos, señalándolos como testaferros del presidente de la AFA.

La denuncia apunta a Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una mansión en Villa Rosa, Pilar, sobre un predio de más de 105 mil metros cuadrados, con autos de colección, haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, instalaciones deportivas y helipuerto.

El salto patrimonial de la sociedad es uno de los datos más cuestionados: pasó de un capital de $300.000 en 2021 a $58 millones en 2024, justo antes de la compra del terreno. Para los denunciantes, no existe correlación posible entre ese capital y el valor del inmueble.

La presentación menciona además movimientos societarios considerados sospechosos: el ingreso de Conte en 2022, el cambio de razón social y objeto en 2024, y una inyección inmediata de fondos. Solo dos semanas después -señala Carrió- la firma habría adquirido la propiedad.

El vínculo con el fútbol aparece en Lucas Labbad, exgerente general de Boca durante la gestión Angelici. Pantano se asoció con él en 2023 en Mendoza Wines SA, un nexo que, según los denunciantes, conecta al entramado societario con Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Entre las pruebas figura un tuit de Carlos Tevez dirigido a Toviggino el 5 de marzo de 2024, donde menciona autos de colección, viajes a Pilar y bolsos provenientes de giras en Qatar y China. También se aportó un video difundido por el periodista Tomás Díaz Cueto, donde se ve un helicóptero descendiendo en la propiedad denunciada.

El caso llega además en un contexto político sensible: Tapia fue desplazado de la Ceamse por la gestión de Jorge Macri y luego repuesto por el gobernador Axel Kicillof, una decisión que reavivó tensiones partidarias.

Los perfiles económicos de los presuntos testaferros también generan dudas: Conte cobró el IFE en 2020 y declaró ingresos brutos por $15.000 en 2024; Pantano es monotributista categoría G y habría acumulado deudas superiores a $2 millones. Para Carrió, esa distancia entre ingresos formales y operaciones millonarias refuerza la sospecha de interposición de personas y simulación societaria.

La PROCELAC deberá determinar ahora si los movimientos, adquisiciones y el patrimonio declarado guardan coherencia con los ingresos reales de los involucrados. El expediente continúa en investigación.