La Justicia de San Miguel de Tucumán decidió frenar el cierre de la causa por presunta estafa que tiene como eje a Porter Brewery, uno de los emprendimientos cerveceros más conocidos de la provincia.

Por un lado, el juez subrogante Raúl Armando Cardozo rechazó el pedido de la Fiscalía para declarar prescripta la acción penal. En paralelo, el juez de Impugnación Facundo Maggio anuló un intento de sobreseimiento y ordenó que la investigación continúe.

La causa ahora fue elevada al Fiscal de Cámara Penal de Apelaciones, que deberá intervenir ante las diferencias de criterio dentro del propio sistema judicial.

Qué se investiga y quiénes están involucrados

La denuncia fue impulsada por Damián Luis Battaglia (también mencionado como Fabián Bataglia en otras actuaciones), quien acusa a empresarios vinculados al negocio cervecero, entre ellos Matías Gorban, Pablo Ariel Temkin, Mariano Elías Meik, Tomás Lichtmajer, además de integrantes de la familia Temkin y otros socios.

Según la denuncia, el conflicto se originó en la creación y funcionamiento de distintas sociedades comerciales vinculadas al rubro gastronómico y cervecero, como Porter Brewery SRL, Tucumán Brewing Company (TBC), Almazen y Lupoldo SAS.

El denunciante sostiene que el proyecto fue presentado como un emprendimiento conjunto, con aportes económicos acordados de palabra. Sin embargo, asegura que fue excluido de la estructura societaria pese a haber invertido dinero, insumos y recursos clave.

El eje de la acusación

El corazón de la causa gira en torno a una presunta maniobra para desplazar a Battaglia del negocio mientras el emprendimiento crecía y se expandía bajo otras estructuras.

De acuerdo con la querella, no solo se lo habría dejado afuera, sino que también se le habría impedido acceder a utilidades, balances y documentación societaria. Además, se denuncian movimientos de dinero sospechosos y posibles irregularidades en la administración.

Uno de los puntos más sensibles aparece en 2022, cuando el denunciante afirmó haber sido convocado a firmar una cesión de cuotas sociales que nunca se concretó formalmente, ya que no se le entregó copia ni se inscribió en el Registro Público de Comercio.

El rol de la Fiscalía, bajo la lupa y la respuesta judicial

El accionar del Ministerio Público Fiscal, conducido por Edmundo Jiménez, quedó en el centro de la polémica.

La fiscal subrogante Mariana Rivadeneira había solicitado el sobreseimiento de los acusados, lo que en la práctica implicaba cerrar la causa sin llegar a juicio. La Fiscalía también sostuvo que el hecho principal se habría consumado entre 2016 y 2017, por lo que consideró que el delito estaba prescripto.

Los jueces no coincidieron con ese criterio. En sus resoluciones, señalaron que:

Fallo arbitrario: Se cuestionó la falta de fundamentos sólidos en el pedido de la Fiscalía.Pruebas ignoradas: Se advirtió que no se analizaron adecuadamente las evidencias aportadas, especialmente sobre movimientos de dinero.Hechos continuados: Se planteó que podría tratarse de una serie de maniobras prolongadas en el tiempo, lo que cambia el cálculo de la prescripción.

En ese sentido, Cardozo remarcó que aún falta profundizar la investigación para determinar cuándo comenzó y cuándo habría finalizado la conducta denunciada.

Qué puede pasar ahora

Con la causa abierta, la Justicia ordenó avanzar con nuevas pericias, especialmente sobre los balances y la estructura societaria de las empresas involucradas.

El expediente seguirá su curso en una instancia superior, mientras se define si existió una maniobra fraudulenta y si corresponde avanzar hacia un juicio.

El fallo representa un revés para quienes buscaban cerrar el caso y abre una nueva etapa judicial en una causa que combina negocios, sociedades y presuntas irregularidades en uno de los polos cerveceros más visibles de Tucumán.