Organismos de derechos humanos denuncian ante la ONU un caso de censura en Tucumán
ANDHES y la Asociación de Prensa de Tucumán elevaron un pedido urgente a Naciones Unidas por una resolución judicial que prohíbe a periodistas y medios locales emitir críticas al Poder Judicial provincial.
El organismo de derechos humanos ANDHES y la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) solicitaron la intervención de Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, frente a lo que califican como un caso de censura judicial sin precedentes en la provincia.
El pedido se basa en una medida cautelar dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas A. Taboada, que ordenó a un multimedio provincial y a su equipo de periodistas abstenerse de publicar contenidos que "injurien o desacrediten" a magistrados y fiscales. Además, la resolución prohíbe expresamente emitir opiniones críticas sobre el Poder Judicial local, bajo amenaza de sanciones penales.
"Un golpe a la libertad de prensa y al debate público"
Desde ANDHES y la APT advirtieron que esta decisión judicial constituye un claro caso de censura previa, prohibida por los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
"La censura nunca puede ser una respuesta legítima en democracia. El periodismo libre y crítico es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas", sostuvo Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES.
Por su parte, Diego del Jesús Tomas, secretario gremial de la APT, remarcó que restringir la libertad de expresión y el acceso a la información "socava las bases mismas de un sistema democrático y republicano".
Llamado urgente a Naciones Unidas
Las organizaciones advirtieron que este tipo de medidas judiciales sientan un precedente peligroso, al utilizar los tribunales como herramienta para silenciar voces críticas. En el escrito presentado ante la ONU, recordaron que la libertad de expresión es un pilar de toda sociedad democrática, según lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, citaron informes recientes de la Relatoría Especial de la ONU que alertan sobre el uso indebido de procesos judiciales para intimidar periodistas, una práctica que limita el derecho de la sociedad a estar informada.