En el marco del histórico juicio por la estatización de YPF, los fondos demandantes volvieron a la carga en los tribunales de Nueva York. Este jueves, solicitaron a la jueza Loretta Preska que sancione a la Argentina por un presunto incumplimiento de órdenes judiciales vinculadas al proceso de discovery.

El planteo fue presentado por los abogados de Petersen y Eton Park, con respaldo financiero de Burford Capital, quienes sostienen que el Estado argentino no entregó comunicaciones clave de funcionarios y exfuncionarios.

Qué sanciones pidió Burford Capital

Los demandantes solicitaron una batería de medidas duras contra la Argentina, en el intento de avanzar con el cobro de la sentencia que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses.

Entre los puntos más relevantes, reclamaron:

Que la jueza declare a la Argentina en desacato judicial.

La aplicación de una multa coercitiva de al menos un millón de dólares por día, mientras persista el supuesto incumplimiento.

Que organismos como el Banco Central, Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas sean considerados "alter ego" del Estado.

Que se presuma que la evidencia no entregada sería desfavorable para el país.

Además, pidieron que se tengan en cuenta mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y comunicaciones no oficiales de funcionarios del área económica.

Cómo sigue el proceso y cuándo define Preska

Según el cronograma judicial, la defensa argentina responderá el 19 de febrero, mientras que los demandantes presentarán su réplica el 5 de marzo. Las audiencias clave se realizarán los días 23 y 24 de marzo, cuando la jueza definirá si aplica o no las sanciones solicitadas.

Desde los fondos sostienen que la Argentina incumplió con la entrega de mensajes y correos de funcionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, ordenados previamente por el tribunal.

La respuesta del Gobierno argentino

Desde la Procuración del Tesoro rechazaron con dureza el pedido de desacato y aseguraron que el país cumplió plenamente con el discovery, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y declaraciones de funcionarios.

"El planteo de Burford es un intento desproporcionado de hostigar a la Argentina con pedidos intrusivos", señalaron desde el Gobierno, que buscará frenar el avance del reclamo en febrero.

La definición del caso podría tener impacto económico y financiero para el país, además de repercusiones en otros litigios y en el frente internacional.