Causa Vialidad: la Justicia rechazó un pedido de Cristina Kirchner y mantiene el decomiso de sus bienes
La Cámara de Casación confirmó que el proceso continuará en Comodoro Py y avaló la ejecución del decomiso por $684.990 millones, al considerar que se trata de una medida penal y no civil.
La decisión de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó este viernes los recursos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, quienes buscaban trasladar el proceso de decomiso de bienes al Fuero Civil. De esta manera, el Tribunal Oral Federal N° 2 seguirá adelante con la ejecución de los activos embargados por un total de $684.990 millones.
El fallo, firmado por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, respaldó el pedido del fiscal Mario Villar, que había solicitado evitar demoras en la aplicación del decomiso derivado de la condena en la causa Vialidad.
Casación recordó que el decomiso "es una medida penal y no civil" y que su objetivo es recuperar los bienes obtenidos mediante delitos para restituirlos a la sociedad.
El argumento de la defensa y la respuesta judicial
La defensa de la expresidenta había cuestionado el monto fijado y el método de actualización de la suma, alegando que debía calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, lo que reduciría el monto a $42.000 millones.
Sin embargo, Casación avaló el criterio del Tribunal Oral, que utilizó el índice de precios al consumidor (IPC) para mantener el valor real del dinero. Los magistrados consideraron que este método "no es arbitrario" y se ajusta a los estándares judiciales para preservar el valor del beneficio ilícito frente a la inflación.
Qué implica el fallo
Con esta resolución, el TOF 2 queda autorizado para avanzar en la ejecución patrimonial de los bienes de los condenados, ya que ninguno cumplió con el pago voluntario.
El fiscal Villar había señalado que la cifra surge de la "manipulación ilícita de los procesos licitatorios y los sobreprecios en las obras públicas" adjudicadas a empresas vinculadas a Báez durante los gobiernos kirchneristas.
El fallo reafirma que el decomiso es una consecuencia directa de la condena penal, en línea con las normas del Código Penal y los tratados internacionales contra la corrupción.