El pedido de los fiscales ante el TOF 2

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar con el decomiso de 141 inmuebles vinculados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez, además de vehículos y dinero en efectivo. Entre los bienes señalados aparece el departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

Según el planteo, las personas condenadas en la causa Vialidad debían depositar $684.990.350.139,86 como parte de la reparación económica fijada por la sentencia. Sin embargo, los fiscales remarcaron que "no se depositó ni un solo peso" pese a que el plazo venció hace meses.

Qué bienes buscan decomisar

En el detalle presentado por el Ministerio Público Fiscal se enumeran:

141 inmuebles (13 ligados a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez)

46 vehículos

US$4.664.000 de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner

US$992.134 en una cuenta bancaria

$53.280,24 en efectivo

Con este nuevo pedido, el total de propiedades reclamadas en el expediente asciende a 252 inmuebles, sumando los ya solicitados en noviembre.

Entre ellos figuran bienes de las firmas Los Sauces y Hotesur, el hotel La Aldea en El Chaltén y propiedades atribuidas a Báez en Ayres de Pilar y Pinamar.

El argumento central de Luciani y Mola

Los fiscales sostienen que los condenados "vienen dilatando el recupero de activos" ordenado por la Justicia y que esa conducta refleja una "falta de arrepentimiento" frente a una sentencia firme.

En un tramo especialmente crítico del escrito, señalaron que varios de los involucrados poseen patrimonios "de una opulencia irrazonable", lo que -según remarcaron- permitiría iniciar al menos parcialmente el proceso de devolución de los fondos vinculados a la defraudación.

La meta: recuperar activos de la corrupción

Luciani y Mola insistieron en que el Estado debe activar todos los mecanismos legales disponibles para ejecutar bienes y dinero hasta cubrir el monto fijado por la condena.

En esa línea, subrayaron que el decomiso es una herramienta clave para "desterrar definitivamente la impunidad" en casos de corrupción y garantizar el recupero de activos provenientes de delitos contra la administración pública.