Lo que comenzó como una filtración de datos patrimoniales se transformó este lunes en un expediente judicial concreto. El Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, dio curso a la primera denuncia penal por la adjudicación de millonarios créditos hipotecarios a funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores de La Libertad Avanza.

Los delitos y los denunciados

La presentación, impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y reforzada por la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), apunta a una presunta "administración fraudulenta" y "abuso de autoridad". Entre los principales señalados aparecen:

Daniel Tillard: Expresidente del Banco Nación.

Juan Ernesto Curuchet: Superintendente del BCRA.

Beneficiarios clave: Federico Furiase (Finanzas), Emiliano Mongilardi (YPF), Pedro Inchauspe (BCRA) y los diputados Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde.Leer también: Créditos Bancarios: Jaldo lidera el ranking de los tucumanos beneficiados y Omodeo fue la que accedió a menor monto

La defensa oficial: "Es legal y moral"

Desde el equipo económico, la respuesta fue de blindaje total. El ministro Luis Caputo justificó las operaciones asegurando que "no hay nada ilegal ni inmoral". Según el Palacio de Hacienda, es lógico que los funcionarios accedan a estos créditos ya que perciben sus haberes a través del Banco Nación y califican mediante el sistema de scoring estándar.

Incluso, Caputo reveló que él mismo alentó a su equipo a endeudarse: "Es una oportunidad única, las propiedades aún no subieron tanto", argumentó, calificando al crédito hipotecario como un "motor de justicia social".

Los montos bajo la lupa

La Justicia pondrá el foco en la rapidez y los montos adjudicados, que en varios casos superan los u$s200.000.

Federico Furiase: u$s276.000.

Emiliano Mongilardi: Más de u$s200.000.

Diputados oficialistas: Sumas de entre u$s145.000 y u$s240.000.

Mientras el Banco Nación sostiene que no hubo excepciones en el proceso, el diputado Esteban Paulón impulsa una investigación en el Congreso para determinar si hubo conflictos de interés o si la SIGEN falló en los controles sobre "Personas Políticamente Expuestas" (PEP).