El frente judicial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se complicó en las últimas horas tras un avance clave en la investigación sobre su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que los comprobantes presentados de manera espontánea por el contratista Matías Tabar respaldan con exactitud el gasto de 245.000 dólares en las reformas de la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

Los detalles de la obra en efectivo

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, se presentó en Comodoro Py para aportar facturas de proveedores y recibos de pagos a los trabajadores (albañiles, plomeros y electricistas). Según la declaración del arquitecto, la totalidad de los trabajos se abonó en efectivo y sin factura, dividida en dos etapas:

Año 2024: Un primer desembolso de US$ 55.000.

Año 2025: El pago del saldo restante por US$ 190.000.

Las refacciones edilicias se extendieron durante casi 10 meses (entre septiembre de 2024 y julio de 2025) en un lote de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron la renovación completa de los pisos, refacciones en baños y cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y el arreglo de la pileta.

Gastos extra y entrega de pruebas

Además del costo de la obra, el contratista detalló que Adorni desembolsó otros 13.000 dólares en concepto de alquiler de una vivienda temporal dentro del mismo country para residir allí mientras su propiedad -adquirida a fines de 2024 junto a su esposa Bettina Angeletti- estaba en refacción.

Para dar solidez a su testimonio, Tabar entregó su teléfono celular a la Justicia, lo que permitirá cruzar mensajes y llamados para reconstruir la dinámica de los pagos y verificar la consistencia de las fechas.

El foco de la investigación

La causa judicial busca determinar si existe una inconsistencia patrimonial en los bienes del jefe de Gabinete. El objetivo del fiscal Pollicita es establecer si los cuantiosos gastos detectados de forma paralela en sus inmuebles guardan relación directa y lícita con las declaraciones juradas de ingresos presentadas por el funcionario público en los últimos años. En tanto, desde la Cámara de Diputados, el oficialismo intenta acelerar estrategias parlamentarias para neutralizar las citaciones de la oposición al funcionario.