Tras la feria judicial, el juicio por la Causa Cuadernos retomó su curso con un fuerte planteo de nulidad por parte de las defensas. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, abrió la etapa de cuestiones preliminares con un pedido de anulación total del proceso, al sostener que el expediente se inició a partir de un "engaño" y una manipulación del sistema judicial.

La ex presidenta no estuvo presente en la audiencia por haberse recuperado recientemente de una intervención por apendicitis, pero su postura fue expuesta a través de su letrado.

El planteo por "forum shopping"

Beraldi centró su argumentación en la figura del forum shopping. Señaló que el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio habrían tomado contacto con la prueba antes del inicio formal del expediente para garantizar que el caso quedara bajo su órbita.

Según la defensa, esa maniobra implicó la elección "a dedo" del tribunal y afectó la imparcialidad del proceso desde su origen.

Críticas a la Ley del Arrepentido

Otro de los ejes del planteo fue la utilización de la Ley del Arrepentido, que la defensa calificó como un mecanismo de "presión y chantaje". Beraldi afirmó que se habría utilizado la amenaza de prisión preventiva para forzar declaraciones.

En ese marco, mencionó el caso del falso abogado Marcelo D'Alessio y supuestos vínculos con el fiscal de la causa, como parte de la argumentación para cuestionar la validez de los testimonios.

Otros planteos de las defensas

El abogado Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido, también pidió la suspensión del proceso. Argumentó que las acusaciones son imprecisas y recordó que su defendido ya fue absuelto por asociación ilícita en la causa Vialidad, invocando el principio de cosa juzgada.

Además, las defensas volvieron a cuestionar la validez de las anotaciones del chofer Oscar Centeno y plantearon la inconstitucionalidad de la ley 27.304, al considerar que no debería aplicarse de manera retroactiva a hechos previos a su sanción en 2016.

Según sostienen, este punto afectaría directamente la situación de los 25 imputados colaboradores cuyas declaraciones son parte central de la acusación.