La fiscalía federal, a cargo de Carlos Stornelli, afirmó que Cristina Kirchner era la "destinataria final" de los sobornos pagados por empresarios durante su gobierno, y que parte del dinero se concentraba en sus domicilios, incluido el departamento de Recoleta. Según el requerimiento, "la principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados".

El fallecido Héctor Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, habría actuado como intermediario en la recepción de los fondos, que incluían sumas trasladadas a otros inmuebles vinculados a la ex presidenta, como la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el departamento de Juncal y Uruguay.

El esquema de la asociación ilícita según la fiscalía

Según la acusación, los empresarios pagaban coimas que luego pasaban por Roberto Baratta como receptor inicial y Muñoz como intermediario, hasta llegar a Cristina Kirchner, quien "era la única con capacidad real y efectiva de decidir sobre la mayoría del dinero". La fiscalía fundamentó sus argumentos con testimonios de arrepentidos, entre ellos Claudio Uberti, quien relató el traslado de bolsos con dinero a propiedades de los Kirchner, incluyendo Río Gallegos y Recoleta.

El caso comprende 128 hechos de sobornos y apunta a que la organización funcionaba para otorgar beneficios a empresas privadas mediante la influencia de funcionarios públicos. Entre los involucrados también figuran Julio De Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte y Enrique Llorens.

Descargo de Cristina y próximos pasos del juicio

Durante la audiencia, la ex presidenta se defendió vía Zoom desde su arresto domiciliario en San José 1111, reiterando que no existen pruebas que acrediten los delitos que le imputan: "No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen". Además, negó categóricamente haber formado parte de una asociación ilícita o haber cometido delito alguno.

El juicio continuará con audiencias los martes y jueves, avanzando primero en la lectura de requerimientos de elevación a juicio de causas vinculadas. Se espera que en febrero de 2026 comiencen las 86 declaraciones indagatorias, combinando participación presencial y vía Zoom según lo resuelva el Tribunal.

El caso mantiene alta atención mediática por la relevancia de los imputados y las implicancias políticas de las acusaciones, mientras la justicia define detalles logísticos como la posible mudanza de algunas audiencias a Comodoro Py 2002 y la adición de días de debate.