Más de 30 empresarios imputados en la causa Cuadernos se presentaron este viernes ante el Tribunal Oral Federal 7 con el objetivo de alcanzar un acuerdo económico que les permita evitar el juicio oral, previsto para iniciar el 6 de noviembre.

Las defensas argumentan que un debate con semejante volumen -más de 600 testigos y audiencias semanales- podría extenderse durante años, incluso hasta la Corte Suprema, y plantearon que la reparación económica es una salida más eficiente.

Qué ofrecieron los imputados

Entre las propuestas más relevantes figuran:

-Ernesto Clarens: un barco y un departamento en Estados Unidos valuado en 1,5 millones de dólares

-Julio Paolini: 826 millones de pesos

-Enrique Pescarmona: 510 millones de pesos

-Miguel Ángel Marconi: 507 millones de pesos

-Claudio Glazman: 306 millones de pesos

-Walter Fagyas: 205 millones de pesos

-Alberto Padoan: 100 millones de pesos

-Juan Manuel Abal Medina: 60 millones de pesos

-Roberto Orazi: 136 millones de pesos

Además, presentaron propuestas otros nombres vinculados a la causa, como Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Rubén Valente, Juan Carlos y César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián García Ramón y Sergio Taselli, entre otros.

La herramienta legal invocada es la "reparación del daño", prevista en el Código Penal. Esta permite extinguir la acción penal si se paga un monto equivalente al perjuicio causado, sin necesidad de admitir culpabilidad, a diferencia del juicio abreviado.

La postura de la fiscalía

La fiscal Fabiana León rechazó los ofrecimientos y advirtió que "no se vende impunidad". Aunque su dictamen no es vinculante, ahora será el TOF 7 el que deba decidir si acepta o rechaza la vía económica propuesta por las defensas.

La causa Cuadernos: cómo empezó

El caso nació a partir de los registros que llevaba Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta, en los que detallaba presuntos viajes para retirar sobornos de empresarios ligados al Ministerio de Planificación de Julio de Vido.

La investigación se nutrió también de confesiones de los propios imputados y de la fusión de otras causas, determinando operaciones por unos 70 millones de dólares. Con ese dinero se habrían adquirido decenas de propiedades en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el exterior, incluyendo Miami y el Caribe.