Caso Adorni: investigan refacciones, pagos y chats en una causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal busca reconstruir el circuito financiero detrás de las obras en la casa del jefe de Gabinete. La causa suma nuevas pruebas, testigos clave y crece la presión judicial.
La causa suma un capítulo clave
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni avanza con nuevas medidas que apuntan directamente al financiamiento de obras en su vivienda.
El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar al contratista Matías Tabar, responsable de la firma "Grupo AA", quien estuvo a cargo de las refacciones en el country Indio Cuá. La audiencia fue fijada para el 24 de abril en Comodoro Py.
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El objetivo es claro: reconstruir en detalle cómo se pagaron las obras y si existe algún tipo de irregularidad en el circuito del dinero.
Documentación, pagos y rastros digitales
La fiscalía exigió a Tabar que entregue toda la documentación vinculada a la obra: presupuestos, órdenes de trabajo, certificados de avance y comprobantes de pago.
El foco está puesto en determinar si hubo pagos en efectivo, transferencias o incluso permutas, en un intento por identificar posibles maniobras irregulares.
Además, se ordenó la entrega de todos los intercambios de mensajes entre el contratista y el entorno del funcionario, incluyendo WhatsApp, correos electrónicos y mensajes de texto.
La propiedad y el origen de los fondos
La investigación también se centra en la vivienda ubicada en el lote 380 del exclusivo barrio privado, adquirida en noviembre de 2024 por Bettina Angeletti, esposa de Adorni.
En ese marco, la Justicia solicitó información a la administración del country sobre el pago de una tasa de ingreso de 5.000 dólares y el origen de los fondos utilizados para cubrir expensas.
El requerimiento se reiteró luego de una primera falta de respuesta, lo que elevó la tensión en el expediente.
Testigos, celulares y presión judicial
Tras la negativa de una escribana vinculada al funcionario a entregar su teléfono, el fiscal decidió endurecer las condiciones para los próximos testigos.
Ahora, quienes declaren deberán presentar sus declaraciones juradas ante ARCA y permitir el peritaje de sus dispositivos móviles.
La medida apunta a evitar vacíos en la investigación y asegurar el acceso a pruebas clave.
Una causa que escala
El expediente, impulsado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, está bajo la órbita del juez Ariel Lijo, quien ya autorizó el levantamiento del secreto fiscal del jefe de Gabinete y su esposa.
Con cada avance, la causa suma complejidad y exposición política, en un contexto donde las sospechas sobre el patrimonio de Adorni siguen creciendo.
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