Restitución inmediata de pensiones suspendidas

El juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en 24 horas todas las pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en todo el país. Además, la Agencia deberá abstenerse de aplicar nuevas suspensiones mientras se resuelve el expediente judicial.

La medida se adoptó en el marco de un amparo colectivo impulsado por el Defensor del Pueblo de Catamarca y asociaciones civiles, reconociendo el carácter colectivo del reclamo y extendiendo a nivel nacional los efectos de una cautelar previa que solo regía para la provincia.

Fundamentos del fallo y alcance nacional

El juez Díaz Martínez consideró que las suspensiones basadas en el Decreto 843/2024 vulneraron derechos de incidencia colectiva y debían ser dejadas sin efecto. En el fallo, se estableció el pago de los haberes retenidos y la suspensión de auditorías hasta la sentencia definitiva.

El magistrado designó como representantes del colectivo a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su idoneidad para ejercer la representación de los beneficiarios.

El fallo se fundamenta en precedentes judiciales sobre derechos colectivos, considerando que existe "un hecho único o continuado que provoca la lesión a todos los afectados, permitiendo un juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada".

Contexto y críticas al decreto

El conflicto se originó tras la modificación del gobierno en los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez, elevando al 66% el umbral de disminución de capacidad laboral y ampliando causales de suspensión. Las organizaciones denunciaron que las auditorías iniciadas en agosto de 2024 se realizaron sin criterios claros, con notificaciones defectuosas y sin medidas de accesibilidad adecuadas, afectando a miles de beneficiarios.

Antes del fallo, la ANDIS había suspendido pagos a 111.463 personas y enviado casi un millón de cartas documento, de las cuales más de la mitad no pudieron ser entregadas. La medida cautelar actual adquiere alcance nacional, garantizando la restitución de las pensiones y la suspensión de nuevas bajas hasta que se dicte la sentencia definitiva.