Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF intensificaron su ofensiva judicial contra la Argentina y reclamaron que el Gobierno entregue chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios nacionales. El pedido fue presentado ante la jueza estadounidense Loretta Preska, quien entiende en la causa que condenó al país a pagar US$16.000 millones.

Los reclamos son impulsados por los fondos Eton Park y Petersen, financiados por Burford Capital, que buscan acelerar el cobro de la sentencia mientras la Argentina mantiene la apelación. En ese marco, los demandantes solicitaron que se establezcan fechas límite concretas para la entrega de la información y advirtieron que, de persistir las demoras, avanzarán con pedidos de sanciones.

El reclamo por los chats y la amenaza de desacato

Entre los funcionarios y exfuncionarios señalados figuran Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno. Según argumentan los demandantes, el acceso a esas comunicaciones permitiría probar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como "alter ego" del Estado argentino, lo que abriría la puerta a eventuales embargos.

En una presentación ante Preska, los fondos denunciaron maniobras dilatorias por parte del país y solicitaron que se ordene la entrega sustancial de las comunicaciones de 11 funcionarios antes del 16 de diciembre de 2025 y de otros 14 antes del 23 de diciembre. Si bien la jueza no convalidó esos plazos, fijó el 10 de enero como fecha para que haya avances concretos y convocó a una nueva audiencia para el 29 de ese mes.

Especialistas advierten que, de no cumplirse las órdenes judiciales, los demandantes podrían pedir sanciones severas, incluido el desacato, una medida que podría derivar en multas adicionales contra la Argentina.

La respuesta del Gobierno y los nombres en la mira

Desde la Procuración del Tesoro sostienen que el país realizó entregas parciales de la información, en función de la colaboración voluntaria de los involucrados. Argumentan que los dispositivos solicitados son personales y que no pueden ser requisados sin el consentimiento de sus dueños.

De acuerdo con la defensa argentina, entre los exfuncionarios que no respondieron a la solicitud figuran Sergio Massa, Juan Manzur, Eduardo "Wado" De Pedro, Agustín Rossi, Federico Bernal, Flavia Royón, Raúl Rigo, Matías Tombolini y Guillermo Michel. También se aguarda la respuesta de funcionarios y exfuncionarios de la actual gestión, como José Luis Daza, Jorge Horacio Domper, Luis Francisco De Ridder y Nicolás Posse.

En contraste, un grupo sí aceptó cooperar con la Justicia estadounidense y entregar sus dispositivos, entre ellos Carlos Guberman, María Tettamanti, Luis Pierrini y Guillermo Francos.

Mientras se define la apelación presentada por la Argentina, la causa por la expropiación de YPF sigue siendo el frente judicial más delicado que enfrenta el país en los tribunales de Estados Unidos.