Los abogados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunciaron a su defensa alegando "motivos personales", mientras la Justicia realizó allanamientos en sus propiedades y en un banco, donde se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar.

Renuncia de los abogados

Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze notificaron formalmente su renuncia mediante un escrito presentado ante la Justicia: "Por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido".

Hasta el momento, Spagnuolo no designó nuevos defensores. La Fundación Poder Ciudadano, querellante en el caso, podría brindar asistencia técnica al exfuncionario.

Operativos y hallazgos

El fiscal Franco Picardi ordenó allanamientos en la residencia de Spagnuolo en un barrio privado de Pilar y en la vivienda de Daniel Garbellini, otro exfuncionario del organismo. Además, en un banco se encontró el dinero en efectivo mencionado, sin declarar, en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.

Tanto Spagnuolo como Garbellini no apoyaron el pedido de nulidad presentado por la defensa de la droguería Suizo Argentina, involucrada en la causa. Los abogados de Spagnuolo habían solicitado revisar el expediente antes de fijar posición y pidieron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello.

Declaraciones claves

El consultor en comunicación Fernando Cerimedo declaró como testigo ante Picardi, ratificando que Spagnuolo le relató un esquema de presuntas coimas en la compra de medicamentos, que terminaba en la Secretaría General de la Presidencia. Según Cerimedo, estas conversaciones ocurrieron a lo largo de 2024, con detalles progresivos del circuito de los pagos indebidos.

El testigo aclaró que no fue quien grabó los audios difundidos en Carnaval Stream y que Spagnuolo, como abogado, era consciente de la gravedad de sus declaraciones.

Estado de la causa

La investigación se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó la grabación original. La defensa de la droguería cuestiona la validez de los audios, argumentando que fueron adulterados y obtenidos violando la intimidad.

El expediente permanece bajo secreto de sumario, restringiendo el acceso a las partes y con posibilidad de prórroga. La Justicia todavía no realizó imputaciones formales a Spagnuolo, Garbellini ni a los dueños de la droguería.

Otros avances y causas vinculadas

En paralelo, el Gobierno denunció una presunta operación ilegal de inteligencia tras la segunda filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei. Este nuevo expediente está a cargo del fiscal Carlos Stornelli, e involucra a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes declararon en Comodoro Py y se pusieron a disposición de la Justicia.

La causa se encuentra en una etapa de definiciones clave, con la validez de las pruebas y eventuales imputaciones aún pendientes, mientras se analiza la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador.