Criptoestafa $LIBRA: la querella pidió formalmente la indagatoria de Javier Milei

Juan Grabois, en representación de los damnificados, basó el pedido en los resultados del peritaje al celular del financista Mauricio Novelli. Se habrían detectado intercambios que sugieren respaldo institucional para favorecer el lanzamiento del activo digital.

El peritaje telefónico que complica al entorno presidencial

La causa que investiga la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA dio un giro institucional dramático. La querella, representada por Juan Grabois, realizó una presentación formal ante el fiscal Eduardo Taiano solicitando la citación a indagatoria del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del operador financiero Mauricio Novelli. El pedido se apoya en las conclusiones de la DATIP sobre el teléfono de Novelli, donde se habrían detectado intercambios que sugieren negociaciones para otorgar respaldo institucional al token, que dejó miles de damnificados.

Sospechas de negociaciones incompatibles y violación a la intimidad

La sospecha de la querella se centra en el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, argumentando que el Presidente habría participado activamente en la promoción del activo privado para generar beneficios financieros a su círculo cercano. Por su parte, la defensa de Mauricio Novelli reaccionó presentando un pedido de nulidad absoluta del peritaje. Los abogados del financista sostienen que la extracción de datos excedió los límites fijados por la justicia, incorporando información privada sin relación con la causa, lo que constituiría una violación a la intimidad.

La Casa Rosada rechaza las acusaciones y la fiscalía evalúa los pasos a seguir

Mientras la Casa Rosada mantiene una postura de rechazo a las acusaciones, calificándolas de maniobras políticas sin sustento probatorio, el fiscal Taiano deberá evaluar si los elementos aportados por el peritaje tienen el peso suficiente para avanzar con las citaciones solicitadas. En paralelo, la causa continúa investigando el rol del empresario estadounidense Hayden Davis, en un expediente administrativo clave que obliga a la fiscalía a expedirse sobre la responsabilidad directa de altos funcionarios en las comunicaciones rescatadas del celular del financista.

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