El reclamo: mujeres accionistas apartadas del patrimonio familiar

Con tono firme y directo, el abogado Jorge Bernabé Lobo Aragón reactivó una denuncia que lleva más de una década sin resolverse. Representando legalmente a Isabel Frías Silva, reiteró que las únicas mujeres accionistas de las empresas Azucarera Justiniano Frías S.A. y Cultivos y Cosechas S.A. fueron sistemáticamente excluidas del acceso a información, decisiones societarias y beneficios económicos.

Según expone, tras la muerte del patriarca de la familia, José Frías Silva -"Pepe"-, su hijo José tomó el control absoluto del grupo económico, desplazando a sus hermanas del entramado empresarial con la complicidad del resto de los hermanos varones.

Para Lobo Aragón, el caso representa algo más que una disputa familiar: es un ejemplo paradigmático de violencia económica y patrimonial contra la mujer, avalado por prácticas sistemáticas de encubrimiento, dilaciones judiciales y silencio.

Bienes ocultos, alquileres irrisorios y fideicomisos sospechosos

Entre los puntos más polémicos de la denuncia, Lobo Aragón apunta directamente a propiedades y negocios millonarios que, asegura, han sido deliberadamente ocultados o manejados con total discrecionalidad por parte del núcleo masculino de la familia.

Uno de los focos es el predio conocido como "Las Cañas", ubicado en la cotizada Avenida Perón de Yerba Buena, que según denuncia está siendo alquilado a valores irrisorios. También señala fideicomisos "opacos" relacionados con campos agrícolas, cotos de caza, tambos, hoteles en Tafí del Valle, y hasta un gimnasio construido donde funcionaba la tradicional Terraza de San José.

El abogado remarca que ni siquiera la Justicia, a través de sus auxiliares, ha podido acceder a un mapa real del patrimonio familiar. Mientras tanto, asegura que las mujeres de la familia siguen siendo "desterradas patrimonialmente", sin posibilidad de conocer ni reclamar su parte.

Llamado a un juicio oral: "La impunidad no puede ser hereditaria"

El planteo central del abogado es que, tras once años de maniobras dilatorias y dilaciones procesales, la causa debe avanzar a juicio oral y público. "No se puede seguir tolerando que la impunidad se disfrace con apellidos ilustres", sostuvo, en un texto cargado de argumentos legales y énfasis en la perspectiva de género.

Lobo Aragón cita tratados internacionales con jerarquía constitucional para fundamentar que se trata de un caso claro de violencia patrimonial contra la mujer, encuadrado en los marcos legales actuales sobre igualdad y acceso a la Justicia.

Su pedido es claro: que la Justicia actúe con perspectiva de género y de cara a la sociedad. "Esto no es un simple pleito familiar. Es una afrenta a la Justicia misma", cierra el escrito.