El Caso Érika entró en una fase de definiciones críticas este fin de semana. Tras una audiencia donde los defensores María Florencia Abdala y Camilo Atim cuestionaron el fallo inicial del juez Bernardo L'Erario Babot, la jueza María Jimena Suárez falló a favor de la defensa. 

Esta resolución anula el rechazo previo y ordena una nueva audiencia para el próximo martes, donde se debatirá nuevamente si la empleada judicial debe continuar en prisión o puede esperar el juicio en libertad o bajo modalidad domiciliaria.

La estrategia de la defensa se basa en lo que consideran una "coartada incontrastable". Según los letrados, existen elementos en el expediente que demuestran que el cuerpo de Érika Antonella Álvarez fue arrojado en el lugar del hallazgo el 7 de enero a las 11:40 h, momento exacto en que Gordillo se encontraba cumpliendo funciones en su puesto de trabajo. Asimismo, argumentaron que se probó la falta de vinculación de la acusada con el ocultamiento de la camioneta involucrada en el crimen, señalando además que los supuestos coautores eran vecinos y no cómplices directos de su cliente.

Sin embargo, el panorama para Gordillo se ensombreció el pasado lunes, cuando el fiscal Pedro Gallo decidió agravar la acusación. El Ministerio Público Fiscal sostiene ahora que la maniobra de encubrimiento no fue un acto pasivo, sino que Gordillo buscó obtener un rédito económico propio y para su pareja de aquel entonces, Felipe "El Militar" Sosa. Esta nueva calificación legal complica las aspiraciones de la defensa, ya que el móvil económico suele ser un agravante de peso para mantener las medidas de coerción.

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Por su parte, la querella representada por el abogado Carlos Garmendia mantiene una férrea oposición a cualquier beneficio de libertad para la imputada. Garmendia sostiene, en sintonía con el planteo original del juez L'Erario Babot, que la valoración de las pruebas de descargo (como la ubicación horaria en el trabajo) es una cuestión que debe ser ventilada y resuelta en la instancia de juicio oral y no durante la etapa de investigación penal preparatoria, donde rige el riesgo de entorpecimiento.

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