La situación procesal de Justina Gordillo (48) se complica cada vez más. En una audiencia realizada este miércoles 25 de marzo de 2026, la Justicia tucumana volvió a cerrarle la puerta a su libertad. La imputada, alojada en el penal de Delfín Gallo, es una pieza clave en la investigación que lidera el fiscal Pedro Gallo por el asesinato de Érika Antonella Álvarez (25).

Participación activa y riesgos procesales

La jueza Isolina Apás Pérez de Nucci fue contundente al fundamentar su decisión: el rol de Gordillo no fue pasivo. La fiscalía sostiene que la mujer tuvo una "participación activa" en las horas posteriores al crimen, ocurrido el 7 de enero en Yerba Buena. Se le atribuye:

Colaboración en el ocultamiento: Habría ayudado a descartar el cuerpo en un basural de Manantial Sur y a esconder la camioneta utilizada.

Asistencia en la fuga: Habría facilitado el escape del principal sospechoso, Felipe Sosa, hacia Buenos Aires.

Ánimo de lucro: La investigación detectó que Gordillo adquirió una moto y recibió poderes bancarios de empresas vinculadas a Sosa tras el hecho.

El avance de la causa

La auxiliar fiscal Carolina Brito advirtió que los riesgos de que Gordillo entorpezca la causa si sale de prisión "no solo se mantienen, sino que se incrementan". En el expediente también permanecen detenidos Felipe Sosa, Nicolás Navarro Flores y Jorge Orlando Díaz.

Con esta resolución, Gordillo continuará bajo régimen de prisión preventiva mientras la Unidad Fiscal de Homicidios I termina de recolectar las pruebas necesarias para elevar la causa a juicio oral. La querella, por su parte, celebró la decisión judicial al considerar que la libertad de la funcionaria ponía en riesgo la búsqueda de verdad para la familia de la joven víctima.