Carlos Garmendia, abogado de la familia de Érika Álvarez, fue contundente al señalar una "falta de respeto evidente" por parte de la División Homicidios, en particular de su jefa, la comisaria Susana Montero. Según explicó, hubo procedimientos realizados sin informar debidamente a los querellantes y situaciones de maltrato que aseguran no van a tolerar.

La familia remarcó que, como parte activa de la causa, merece una comunicación clara y directa, algo que -afirman- no ocurrió durante las últimas semanas.

Un nuevo fiscal y una causa compleja

Con el regreso de la actividad judicial, el fiscal Pedro Gallo tomó formalmente la investigación. Desde la querella consideran clave que un solo fiscal lleve adelante una causa que califican como "compleja", ya que involucra no solo un homicidio, sino también presuntos vínculos con el narcotráfico y sectores de poder en la provincia.

En ese sentido, aclararon que el paso de varios fiscales durante la feria generó desorden, aunque el principal reclamo hoy pasa por la falta de información oficial hacia la familia.

La investigación avanza por datos aportados por la familia

Uno de los puntos más fuertes del reclamo es que, según sostienen, los avances más relevantes del caso surgieron a partir de datos brindados por ellos mismos. Esa información fue la que permitió primero la detención de Sosa y luego la de Justina Gordillo, una funcionaria judicial.

Incluso denunciaron que se enteraron de novedades clave leyendo los diarios, antes de recibir cualquier notificación formal, lo que despertó sospechas sobre filtraciones a la prensa.

Dolor, bronca y un pedido claro de justicia

La madre y los familiares de Érika también repudiaron versiones mediáticas que, aseguran, dañan la memoria de la víctima. 

"Nadie puede hablar de mi hija como su familia", expresaron con firmeza.

Mientras la causa sigue sumando detenidos y líneas de investigación abiertas, la familia insiste en un solo pedido: que se investigue a todos los responsables y que haya justicia por Érika Álvarez.