El pasado martes 4 de marzo, un robo en la zona del parque Guillermina de San Miguel de Tucumán terminó con la muerte de un joven de 20 años y la herida de un menor de 15. El hecho ocurrió cuando un guardiacárcel, Lucas Gaitán Soraire, presenció el intento de robo y disparó contra los implicados. A pesar de ser acusado de homicidio agravado y tentativa de homicidio, la Justicia ordenó su liberación tras la primera audiencia.

La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la dirección de Carlos Sale, y el imputado enfrenta cargos por el uso excesivo de la legítima defensa. El Ministerio Público Fiscal de Tucumán argumentó que Gaitán Soraire utilizó un arma no autorizada para detener el robo, causando la muerte de Nelson Lautaro Pérez y las lesiones al menor de edad.

Los hechos del día del crimen

El crimen ocurrió alrededor de las 6:56 a.m. del martes 4 de marzo, cuando Pérez, junto a un menor y otro cómplice, intentaron robar la bicicleta del padre Pepe Aguín. Tras el robo fallido, los jóvenes fueron perseguidos por Gaitán Soraire, quien, en un intento de detenerlos, les disparó con una pistola sin la debida autorización. El disparo alcanzó a Pérez en el tórax, lo que le causó la muerte, y a otro joven en la espalda, dejándolo herido.

El fiscal Miguel Fernández argumentó que Gaitán Soraire actuó de manera desproporcionada al utilizar un arma de fuego, sin contar con pruebas de que los delincuentes estuvieran armados. Además, criticó que el imputado, siendo parte de la Fuerza de Seguridad, no comunicara el hecho a las autoridades inmediatamente después de disparar.

La resolución judicial y la libertad del imputado

A pesar de las acusaciones, el juez rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público Fiscal y ordenó la liberación de Gaitán Soraire. En lugar de la prisión, el imputado fue sometido a medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la víctima menor de edad y la obligación de presentarse ante el tribunal cuando sea citado. Además, se le prohibió portar armas.

El caso sigue generando controversia, ya que el Ministerio Público Fiscal había solicitado el arresto domiciliario del acusado por considerar que su actuación excedió los límites de la legítima defensa. La resolución final podría tener repercusiones en la discusión sobre el uso de la fuerza en situaciones de robo y la actuación de miembros de la Fuerza de Seguridad en este tipo de incidentes.