El diputado nacional Carlos Cisneros publicó en Infobae una columna en la que reclama una reforma profunda del sistema estatal que interviene en los casos de personas desaparecidas. Allí presentó su Proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene el objetivo de garantizar una respuesta inmediata y evitar que las familias enfrenten solas la búsqueda de sus seres queridos.

Cisneros cuestionó la falta de coordinación entre fuerzas de seguridad, organismos provinciales, sistemas judiciales y estructuras federales, y advirtió que hoy "son demasiadas las familias que terminan haciendo el trabajo que debería hacer el Estado".

El proyecto fue presentado en el histórico edificio del Ex Banco Italia, en un encuentro abierto que reunió a especialistas, diputados, periodistas y organizaciones civiles.

El caso que motivó la iniciativa

El legislador contó que la historia de María Cash, desaparecida en 2011, fue determinante para impulsar esta ley. La familia de la joven recorrió rutas, acudió a medios y pidió cooperación internacional ante la falta de respuestas oficiales.

"¿Cómo puede ser que una familia tenga que convertirse en investigadora?", planteó Cisneros, quien consideró el caso como una muestra clara de una falla estructural del Estado. A partir de ese impacto personal, sostuvo que el Congreso debe actuar cuando la justicia llega tarde o directamente no responde.

Los puntos principales del proyecto

Cisneros detalló los ejes centrales de su iniciativa legislativa:

Búsqueda inmediata: sin esperas de 24 o 48 horas; cada minuto es clave.

Registro Nacional de Personas Desaparecidas: interoperable, actualizado y accesible.

Perspectiva de género y derechos humanos: obligatoria en todo el proceso.

Coordinación federal real: comunicación directa entre fuerzas, justicia y organismos especializados.

Capacitación obligatoria: para evitar estereotipos y analizar contextos previos.

Transparencia y estadísticas públicas: esenciales para políticas preventivas.

Cisneros afirmó que la ineficiencia judicial tiene consecuencias irreparables y que el Estado no puede seguir llegando tarde en estos casos. "La búsqueda de una persona no puede depender de la buena voluntad de un funcionario ni del azar", expresó.

El diputado cerró su columna remarcando que el 20 de noviembre se abrió un espacio clave para debatir el proyecto, visibilizar el problema y avanzar hacia un sistema que garantice que ninguna familia vuelva a golpear puertas que no se abren.