El posible testimonio de Justina Gordillo volvió a quedar en el centro de la escena judicial y podría resultar determinante en la causa que investiga el crimen de Érika Álvarez, por el que está imputado Felipe "El Militar" Sosa. Gordillo, empleada judicial de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia provincial y señalada como expareja del acusado, fue imputada por presunto encubrimiento, al haber colaborado -según la acusación- en el ocultamiento del cuerpo, la eliminación del celular de la víctima y la fuga de Sosa.

La declaración que podría cambiar la causa

Durante la audiencia en la que se le dictó la prisión preventiva, Gordillo aseguró no conocer personalmente a Érika Álvarez y negó tener problemas de adicciones, una versión que contradice los testimonios aportados por la familia de la víctima. 

El fiscal Pedro Gallo sostiene que la mujer estuvo presente en una reunión realizada en una vivienda de Yerba Buena, donde, según la hipótesis del Ministerio Público, se habría producido un encuentro sexual grupal previo al crimen. Si bien su participación directa en el homicidio estaría descartada, los investigadores consideran que su relato podría ser clave para reconstruir la secuencia de hechos antes y después del asesinato, ya que se presume que al menos cuatro personas participaron de esa reunión y que otras dos se habrían sumado luego en tareas de encubrimiento.

El estado de Gordillo y la estrategia judicial

Allegados a Gordillo indicaron que atraviesa un momento emocional delicado y que actualmente es evaluada por un psiquiatra para determinar su estado de salud mental. Sus abogados, María Florencia Abdala y Camilo Atim, optaron por no realizar declaraciones públicas, mientras que personas cercanas a la imputada aseguran que, una vez superado el impacto inicial de la causa, podría declarar con la intención de mejorar su situación procesal. "Quienes la conocemos sabemos que va a romper el silencio", afirmaron desde su entorno.

La defensa de Sosa y el impacto institucional

Los defensores de Felipe Sosa, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, reclamaron prudencia y advirtieron que el hecho ocurrió en un contexto de excesos cuya dinámica aún está bajo investigación. Reconocieron que la víctima estuvo en el domicilio del acusado, pero remarcaron que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos. 

En paralelo, el municipio de Yerba Buena confirmó la rescisión del contrato con la empresa Seguridad Objetiva, de la cual Sosa es socio gerente, que hasta enero prestaba servicios de vigilancia privada en distintos espacios públicos. Desde la comuna explicaron que, con el fortalecimiento de la Guardia Urbana Municipal y el sistema de monitoreo, la participación de prestadores privados fue reduciéndose y que actualmente la cobertura quedó a cargo de personal municipal.