Objeción de conciencia contra la Corte

Benjamín Moisá, miembro de la Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán, planteó ante el presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, una severa objeción de conciencia contra la implementación de las Oficinas de Gestión Asociada (OGA). Según el magistrado, la acordada que impulsa el alto tribunal "desnaturaliza la función jurisdiccional" y vulnera garantías constitucionales, colocando a los jueces en un conflicto entre su obligación profesional y su conciencia jurídica.

Moisá fundamenta su postura asegurando que el juramento judicial no es meramente formal, sino un compromiso legal y moral: "Cuando un juez jura cumplir la Constitución, ese juramento lo obliga a no ejecutar actos que la contradigan". Para él, esta objeción representa "un acto de fidelidad a los valores superiores del orden constitucional", no una deslealtad institucional.

Críticas al funcionamiento de las OGA

Las Oficinas de Gestión Asociada fueron creadas por ley y reglamentadas por la Corte desde 2023 para administrar trámites, audiencias y expedientes en los fueros civiles y comerciales. Sin embargo, Moisá sostiene que estas oficinas desplazan a los jueces de funciones esenciales, al asumir decisiones sobre agenda, sustanciación de escritos y subrogancias, lo que considera "una delegación prohibida de facultades jurisdiccionales".

El camarista advierte que este sistema "vacía de contenido material la figura del juez natural" y genera "una opacificación del ejercicio del poder judicial", afectando principios básicos como la inmediación y la imparcialidad. Además, cuestiona la centralización de poder en órganos administrativos de la Corte, que podría subordinar a tribunales inferiores y generar un "poder judicial paralelo".

Base legal y doctrinaria de la objeción

En su escrito, Moisá respalda su postura citando a constitucionalistas y procesalistas que defienden la indelegabilidad de la dirección del proceso. Señala que las OGA introducen una "gerencialización" que atenta contra la independencia judicial y afirma que el régimen vulnera el artículo 110 de la Constitución provincial, el 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

El planteo concluye con la objeción formal de Moisá a la acordada cuestionada, dejando a la Corte la responsabilidad de resolver cómo tramitar un reclamo que no solo impugna decisiones administrativas, sino que cuestiona el modelo de gestión judicial vigente desde 2023.