La Procuraduría General de Brasil solicitó a la Corte Suprema la condena del expresidente Jair Bolsonaro por varios delitos graves, entre ellos golpe de Estado, asociación criminal armada y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho. La acusación también alcanza a siete de sus excolaboradores, todos involucrados en el intento de desconocer los resultados de las elecciones de 2022.

Según el Ministerio Público, los hechos configuran un plan deliberado para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor en las urnas. Si prospera la acusación, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión, según la legislación vigente.

Bolsonaro se defiende y habla de persecución

En su declaración ante la Corte, Bolsonaro negó los cargos y denunció ser víctima de una persecución política. No obstante, reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para frenar la asunción de Lula, lo que refuerza la hipótesis de que el expresidente al menos contempló una ruptura institucional.

El caso se encuentra ahora en manos del juez Alexandre de Moraes, uno de los magistrados más firmes en la defensa de la democracia brasileña, pero también blanco de fuertes críticas por parte del bolsonarismo y de sectores conservadores internacionales.

Reacciones internacionales: Trump amenaza con aranceles

El proceso judicial contra Bolsonaro generó también impacto internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el juicio como "una cacería de brujas" y anunció un castigo comercial a Brasil: aranceles del 50% a las importaciones brasileñas, a partir del 31 de agosto. La respuesta de Lula fue tajante: "No aceptamos interferencias externas".