El proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán quedó envuelto en polémica tras las declaraciones del legislador Walter Berarducci, quien advirtió sobre la existencia de un candidato "bendecido" por el gobernador Osvaldo Jaldo y calificó esa situación como una injerencia indebida del Poder Ejecutivo en un organismo que debe ser independiente.

Según el legislador, condicionar la designación desde la Casa de Gobierno implica un retroceso democrático y vulnera la división de poderes. Recordó que la Ley Provincial Nº 6644 prohíbe cualquier subordinación política del Defensor del Pueblo y establece incompatibilidades similares a las de un juez, justamente para garantizar la credibilidad del organismo.

Berarducci sostuvo que impulsar un candidato afín vacía de contenido el proceso de selección que lleva adelante la Legislatura y reclamó que la designación se base en idoneidad, honestidad y objetividad, y no en criterios partidarios.

Finalmente, cuestionó la legitimidad de un funcionario condicionado políticamente y fue tajante: "Tucumán no necesita un Defensor del Gobernador, sino un Defensor del Pueblo capaz de investigar e incomodar al poder sin obediencias".