El Gobierno nacional planea lanzar antes de fin de año una licitación pública nacional e internacional para vender al menos el 51% de las acciones de AySA, la empresa que presta servicios de agua potable y cloacas en CABA y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida busca que el control de la empresa pase a manos privadas en 2026.

Pero la privatización llega con modificaciones clave que golpean al usuario: si no pagás, podrán cortarte el servicio, algo que hasta ahora estaba limitado. Además, las tarifas aumentarán cada tres meses según la inflación y las nuevas obras serán financiadas directamente por los vecinos a través de sus boletas.

Más negocio para privados, menos protección para los hogares

Con estos cambios, el Gobierno apunta a hacer más atractiva la empresa para inversores, incluso internacionales. Según confirmaron fuentes oficiales, ya están en marcha los "roadshows" organizados junto a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial para tentar empresas extranjeras interesadas en quedarse con AySA.

Actualmente, el Estado posee el 90% de las acciones, mientras que el 10% está en manos de los empleados. La idea es adjudicar la mayoría accionaria a un "operador estratégico con experiencia" y que el resto de las acciones que mantenga el Estado se coticen en la Bolsa en 2026.

Hoy AySA abastece a más de 11 millones de personas con agua potable y a más de 9 millones con cloacas, siendo la segunda empresa de agua más grande de América Latina. Tiene unos 6.200 empleados, un 20% menos que al inicio de la gestión Milei.

Subas, obras pagadas por usuarios y promesas de eficiencia

Durante 2024, las tarifas subieron un 317% y la empresa cerró con superávit operativo por primera vez desde 2007. El Gobierno asegura que desde la estatización en 2006 AySA recibió más de USD 13.000 millones en subsidios del Tesoro, por lo que justifica la privatización como una forma de alivianar el gasto público.

Sin embargo, los cambios implican que las familias no sólo pagarán más por el servicio, sino que además tendrán que asumir el costo de las obras que antes financiaba el Estado. Todo, en un contexto donde la conectividad del sistema aún presenta fallas estructurales.