Un avión oficial de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia y generó especulaciones en medio de la intervención del puerto de la ciudad. La aeronave trasladaba a una delegación bipartidaria del Congreso norteamericano, perteneciente al Comité de Energía y Comercio.

Desde el Gobierno nacional buscaron bajar el tono del episodio y aseguraron que "no es nada raro" y que la visita ya estaba coordinada con Cancillería, por lo que no representó una situación excepcional.

Quiénes eran los visitantes y qué hicieron en Tierra del Fuego

Según información obtenida por TN, la delegación era parte de la Cámara de Representantes de EE. UU. y estaba integrada por legisladores del Comité de Energía y Comercio.

La visita incluyó reuniones con especialistas en temas como:

degradación de entornos naturales

permisos para minería y manejo de residuos

procesamiento de minerales críticos

investigación en salud pública

seguridad médica

Además, los congresistas recorrieron distintos lugares de Ushuaia, como el Parque Nacional Tierra del Fuego y sitios estratégicos de la zona.

Hasta el momento, no se informó oficialmente con qué autoridades del Gobierno nacional o provincial se reunieron los visitantes.

El Gobierno insiste: no hubo mensaje político detrás de la visita

En medio de un contexto geopolítico sensible, desde la Casa Rosada remarcaron que el aterrizaje no fue una misión extraordinaria ni una señal política particular.

Según fuentes oficiales, el vuelo "no ameritaba mayor atención" y se trató de una visita institucional y técnica, relacionada con temas ambientales, minería y salud.

El contexto: intervención del puerto de Ushuaia y tensiones provinciales

El aterrizaje se produjo después de que el Gobierno nacional interviniera el puerto de Ushuaia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos. La medida fue dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y estará vigente por un año.

Durante ese período, la Prefectura Naval se hará cargo de las tareas operativas y de garantizar la seguridad.

El gobernador Gustavo Melella anunció que apelará la intervención ante la Justicia y aseguró que la decisión es "ilegal" y sin fundamentos. En la provincia sostienen que podría haber "algún negocio detrás", y se reavivan las sospechas sobre una posible privatización del puerto.