El conflicto judicial en torno a una de las infraestructuras hídricas más estratégicas de la provincia acaba de dar un paso fundamental en los tribunales. En las últimas horas, la Justicia notificó oficialmente a los peritos que actuarán en la millonaria demanda impulsada por el Gobierno de Tucumán por las obras en la represa de El Cadillal.

Con esta citación, la causa abandona la etapa preliminar y se mete de lleno en el terreno técnico y probatorio, apuntando directamente a las obligaciones de la empresa concesionaria del dique.

La cifra en juego: $15.600 millones

El eje central del reclamo es el resarcimiento económico hacia las arcas del Estado provincial. El Gobierno tucumano acudió a los tribunales con un objetivo claro: recuperar el dinero que se tuvo que desembolsar para garantizar la seguridad y operatividad de la presa.

Según los números que se manejan en el ámbito judicial, la provincia reclama fondos por un monto estimado en $15.600 millones. Esta inmensa cifra es la que el Estado le exige a la firma concesionaria por las obras que debieron ejecutarse en el embalse.

El rol determinante de los informes técnicos

A partir de la notificación a los peritos, se abre la ventana más importante del proceso. Los expertos tendrán la lupa sobre los trabajos realizados y sus informes técnicos serán determinantes para que el juez pueda dictar sentencia.

La tarea de estos especialistas servirá para:

Auditar técnicamente las reparaciones y el estado del complejo.

Establecer el grado exacto de responsabilidad de la concesionaria en el deterioro y en las obligaciones de mantenimiento.

Validar de manera pericial la cifra multimillonaria que el Estado busca recuperar.

El avance de esta demanda es seguido de cerca tanto en la Casa de Gobierno como en el fuero civil, dado el altísimo impacto económico y la relevancia estratégica que tiene El Cadillal para toda la matriz productiva y sanitaria de Tucumán.