En medio de la escasez de gas y la ola polar, el Gobierno elevó por tercera vez en el año el recargo aplicado a más de la mitad de los usuarios del país, que financia el régimen de zona fría.

La Resolución 444/2025 del Enargas estableció un incremento del 6,2% al 6,4% sobre el precio del gas en boca de pozo (PIST). Esta suba se suma a los aumentos previos de abril y junio. Aún no se precisó el impacto final sobre las facturas de los hogares, pero se prevé que el ajuste será sensible, sobre todo para quienes no reciben subsidios.

Este fondo solidario subsidiaba hasta un 50% del consumo de gas en regiones con temperaturas bajas, pero el Gobierno considera que su cobertura fue "excesiva" y con "criterios electorales". Por eso, analiza reformularlo para focalizarlo en zonas realmente frías, según fuentes del Ministerio de Economía.

Más recortes: menos beneficios y precios libres para las garrafas

En paralelo, el Ejecutivo eliminó los precios máximos para las garrafas mediante el Decreto 446/2025, permitiendo la liberalización total del mercado de GLP. Hasta 2024, las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tenían valores de referencia de $10.500, $12.600 y $15.750 respectivamente.

Desde ahora, el precio lo fijará el mercado, lo que puede disparar los valores en zonas aisladas o con poca oferta. Además, se eliminaron trámites regulatorios y se redefinió el rol del Estado para acotar su intervención a aspectos de seguridad.

La Cámara de Empresas de Gas Licuado (CEGLA) alertó por el aumento de la demanda producto del frío extremo, y recordó que el 46,3% de la población argentina usa garrafas o cilindros para calefaccionarse y cocinar, según el Censo 2022.

Ajustes y polémicas: cómo se aplica el nuevo régimen

Suba del recargo: pasó de 6,2% a 6,4% en julio.

Más control: los usuarios con múltiples medidores subsidiados verán reducido el beneficio a solo uno.

Zonas frías bajo revisión: se podría revertir parte de la ampliación del régimen decidida en 2021.

Garrafas sin regulación: se eliminan topes de precios y controles al sector.

El ajuste, según explicó Federico Sturzenegger, responde a la necesidad de desmontar "una ley kirchnerista que burocratizó el mercado". No obstante, expertos advierten que estas medidas podrían agravar la desigualdad energética y complicar el acceso a calefacción en regiones vulnerables.