La audiencia pública convocada para definir la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de EDET hasta 2030 sumó este lunes las definiciones del interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), José Ricardo Ascárate, quien defendió la legalidad del proceso, evaluó el estado del servicio eléctrico y relativizó el impacto que podría tener un nuevo cuadro tarifario en la factura de los usuarios.

El encuentro, que se desarrolló  a las 9 en el Hotel Sheraton Tucumán bajo modalidad mixta (presencial y virtual), reunió a representantes de la distribuidora, organismos de control, asociaciones de consumidores, sindicatos, legisladores y usuarios particulares, incluso desde otras provincias y del exterior.

Audiencia abierta y cumplimiento del plan de inversiones

Ascárate explicó que el objetivo central de la jornada es "escuchar a las asociaciones, a los usuarios y a los consumidores individuales", y remarcó que la audiencia no define de manera directa la tarifa, sino que funciona como una herramienta para incorporar opiniones al sistema tarifario.

En relación al plan de inversiones de EDET, precisó que el correspondiente a 2024 está cerrado y aprobado por resolución, mientras que el de 2025 aún se encuentra en análisis. Según detalló, existe un desfasaje de entre el 10% y el 15% en algunas obras, que fue compensado con la exigencia de un plan de acopio de materiales equivalente a las inversiones pendientes. "Los materiales ya están certificados en los depósitos de la empresa", señaló.

También aclaró que la audiencia no fue postergada de manera irregular. Indicó que, ante la imposibilidad de cumplir los plazos originales, se solicitó una ley a la Legislatura que fijó como fecha límite el 12 de diciembre. "Estamos dentro de los tiempos que marca la ley y la audiencia fue notificada correctamente", subrayó, en respuesta a cuestionamientos por posibles nulidades.

Calidad del servicio, multas y el impacto en la tarifa

Al evaluar el servicio que presta EDET, Ascárate sostuvo que los indicadores técnicos ubican a la empresa por debajo del promedio nacional en cantidad y duración de cortes. "Estamos a la mitad de la media nacional en cantidad de cortes y en torno al 30% en horas de interrupción", afirmó, y remarcó que la valoración del servicio debe basarse en índices objetivos.

En ese marco, destacó el régimen de sanciones aplicado por el ERSEPT: las multas pasaron de $600 millones a $1.300 millones entre 2023 y 2024, y para 2025 se proyectan sanciones por unos $2.000 millones, montos que (según explicó) se devuelven a los usuarios en la tarifa, de acuerdo con las zonas afectadas por los cortes.

Respecto al impacto de la RTI en la boleta de luz, el interventor fue tajante: "El impacto sería nulo". Argumentó que las tarifas eléctricas crecieron por debajo de la inflación y que el criterio del ente es que cualquier ajuste tenga como tope el índice inflacionario. "La tarifa no debería subir más que el alquiler o la canasta básica de un usuario común", expresó.

Ascárate también vinculó la necesidad de inversiones con el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en Tucumán. Según indicó, el consumo pico pasó de 700 megavatios en 2023 a 870 en 2024, y se proyecta entre 910 y 915 megavatios para el período 2026. "Estamos hablando de un aumento de la demanda de entre el 30% y el 40%, y eso requiere obras", advirtió.

Qué sigue tras la audiencia pública

El titular del ERSEPT explicó que, una vez concluida la audiencia, el organismo deberá responder por escrito todas las presentaciones en un plazo superior a 30 días. Luego, las gerencias técnicas del ente (económica y de energía eléctrica) definirán el nuevo cuadro tarifario, proceso que estimó no se extenderá más allá de febrero.

Finalmente, recordó que la audiencia pública es solo una etapa del sistema tarifario y que en ella se escucharán tanto posturas a favor como en contra del esquema vigente. "Tenemos que equilibrar lo que la gente puede pagar con el plan de inversiones que el sistema necesita", concluyó.