Un joven de 23 años fue detenido en la ciudad de General Güemes, Salta, acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, luego de que una alerta internacional detectara la carga de contenido ilegal en plataformas digitales. La causa es investigada por la Fiscalía especializada en Ciberdelincuencia y el imputado podría enfrentar penas agravadas por la edad de las víctimas.

Cómo se inició la investigación

El caso se puso en marcha tras una serie de reportes automáticos que advertían sobre la existencia de imágenes y videos de explotación sexual infantil subidos a servicios de Google. Según la información recabada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el material habría sido puesto a disposición de terceros a través de la red.

Los archivos detectados incluían principalmente registros audiovisuales en los que aparecían niñas y niños menores de 13 años, lo que encuadra el delito dentro de una figura penal agravada.

Allanamiento, detención y secuestro de dispositivos

Con los elementos reunidos, la fiscalía solicitó la intervención judicial. El Juzgado de Garantías N°6 del distrito Centro, que se encontraba de turno durante la feria, autorizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso.

Durante el operativo, realizado en General Güemes, la Policía concretó la detención del acusado y secuestró computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, que ahora serán sometidos a peritajes informáticos para determinar el alcance de la actividad ilegal y si existen más personas involucradas.

Imputación y pedido de prisión preventiva

En la audiencia de imputación, el joven fue asistido por la defensa oficial y se abstuvo de declarar. La fiscalía lo imputó de manera provisoria por tenencia y distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años, tal como lo establece el Código Penal.

Debido a la gravedad de los hechos y al riesgo procesal, la fiscal solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva, para evitar interferencias en la investigación. La Justicia deberá resolver el pedido en los próximos días.

Un delito con penas agravadas

Desde el MPF remarcaron que este tipo de delitos contempla penas más severas cuando las víctimas son niños, y que el avance de la causa dependerá de los resultados de los peritajes digitales y del análisis del material incautado.

El caso vuelve a poner en foco el rol de las alertas internacionales y de las plataformas tecnológicas en la detección temprana de delitos vinculados a la explotación sexual infantil, uno de los crímenes más graves contemplados por la legislación argentina.