La acusación de Rodolfo Aguiar surge tras un relevamiento interno del gremio sobre 714 estatales que intentaron acceder a las nuevas líneas crediticias. Según el dirigente, los resultados exponen una "doble vara" escandalosa entre quienes gestionan el Estado y quienes lo sostienen operativamente.

La brecha de los $400 millones

Aguiar presentó un caso testigo para graficar la desigualdad:

El trabajador: Un empleado de PAMI con un sueldo de $2.076.667 (uno de los más altos de la administración pública) solo calificó para un crédito de $55 millones.

El funcionario: Según ATE, a funcionarios de la gestión libertaria se les han otorgado montos superiores a los $420 millones, permitiéndoles el acceso a viviendas en barrios privados, algo inalcanzable para el resto.Leer también: Créditos hipotecarios: primera causa penal contra funcionarios

Rechazos en "un minuto"

La denuncia destaca la velocidad con la que el sistema financiero bloquea a los trabajadores:

Inestabilidad contractual: Muchos empleados recibieron el rechazo apenas 60 segundos después de iniciar el trámite online, debido a su modalidad de contratación (falta de estabilidad).

Exigencias desiguales: A los estatales se les auditaron deudas, gastos en tarjetas y servicios, mientras que Aguiar asegura que a legisladores oficialistas -incluso procesados o embargados- no se les aplicaron los mismos filtros."Los estatales no pedimos casas lujosas en barrios privados, simplemente una vivienda digna. El Gobierno juega con una de las necesidades más sensibles", disparó el líder de ATE.

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