El año 2025 comenzó con malas noticias para Argentina en los tribunales internacionales. En Estados Unidos, la Corte Suprema rechazó tomar el caso de los holdouts por el default de 2001, lo que permitió el embargo de US$210 millones en bonos Brady que el país tenía como colateral. Además, en el Reino Unido, se ejecutó una garantía de 313 millones de euros depositada para apelar una sentencia adversa en el caso del Cupón PBI en euros.

Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, explicó: "Empezamos el año con la noticia de que la Corte Suprema de EE.UU. decidió no tomar el caso argentino por los holdouts y habilitó el embargo del colateral de los Bonos Brady. En segundo lugar, se dio la ejecución de la sentencia en Londres del caso Cupón PBI en euros".

Los casos que avanzan en 2025: YPF y más

Uno de los litigios más importantes que seguirá avanzando este año es el relacionado con la expropiación de YPF. Los acreedores buscan embargar las acciones de la petrolera en manos del Estado y demostrar que Argentina y otras entidades, como el Banco Central, son "alter ego" para poder cobrar.

"El próximo gran evento debería ser la decisión sobre el eventual embargo de las acciones de YPF en manos del Estado. Después vendría la definición sobre los alter ego", detalló Maril. Además, a fines de 2025 o principios de 2026, se espera el fallo de la Corte de Apelaciones de EE.UU. sobre el recurso presentado por Argentina para anular la condena de US$16.000 millones por la estatización de YPF.

Reclamos millonarios y la estrategia argentina

Los juicios internacionales contra Argentina suman cerca de US$30.000 millones, con Nueva York y Londres como principales escenarios. Hasta ahora, el país ha intentado dilatar los pagos recurriendo a todas las instancias de apelación disponibles.

El FMI ha pedido al Gobierno que resuelva estos litigios, pero la estrategia legal no ha cambiado significativamente bajo la administración de Javier Milei. La Procuración del Tesoro, ahora liderada por Santiago Castro Videla, sigue a cargo de estos casos, buscando minimizar el impacto económico de las sentencias adversas.