ARBA cuestiona plan de Nación para blanquear dólares y promete controles estrictos

El titular de ARBA, Cristian Girard, acusó al Gobierno nacional de impulsar un "blanqueo encubierto" sin respaldo legal. La provincia de Buenos Aires aseguró que continuará fiscalizando con firmeza.

Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) no tardaron en marcar distancia del nuevo esquema anunciado por Nación para facilitar el uso de dólares "guardados en el colchón". Cristian Girard, titular del organismo, fue contundente: el plan "no tiene seguridad jurídica" y representa un "blanqueo encubierto" de dinero no declarado.

El Gobierno nacional presentó esta semana una iniciativa orientada a simplificar trámites y reactivar la economía, permitiendo el uso de ahorros no bancarizados para inversiones o compras de bienes. Sin embargo, desde el ámbito bonaerense advierten que detrás de la medida hay más dudas que certezas.

Un blanqueo sin ley: críticas a la falta de respaldo normativo

Girard fue tajante al señalar que no se trata de una amnistía fiscal sancionada por el Congreso, sino de una maniobra improvisada: "No hay cambios normativos concretos. Lo que se plantea es más una promesa electoral que una política fiscal sólida", sostuvo. Además, cuestionó que no se aclare si el régimen tendrá efectos retroactivos ni cuáles serán sus límites.

Para el funcionario, el anuncio no sólo genera inseguridad jurídica, sino que también deja expuestos a los contribuyentes. "Si alguien usa dólares de origen dudoso y luego se comprueba que son ilícitos, se le aplicará la ley vigente. No hay garantías", remarcó.

Provincia refuerza su postura: continuará el control tributario

En este escenario de incertidumbre, ARBA dejó en claro que no bajará la guardia. 

Vamos a seguir fiscalizando con las herramientas legales que tenemos. Nuestra prioridad es que quienes más tienen, tributen lo que corresponde, enfatizó Girard.

El funcionario defendió el rol del organismo recaudador como garante de equidad fiscal y advirtió sobre los riesgos de relajar los controles. "No se puede construir un sistema justo si se deja de reclamar lo que corresponde. Esa no es la salida", concluyó.

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