Amparo contra la Legislatura: fuerte denuncia por corrupción y censura en el Ministerio Fiscal
Una ciudadana presentó un amparo contra la Legislatura tras el rechazo a su pedido de juicio político contra el Ministro Fiscal. El escrito cuestiona la resolución oficial y expone graves irregularidades.
Un amparo que pone bajo la lupa a Edmundo Jiménez
La presentación judicial impulsada por Mirta Isabel Giménez volvió a colocar en el centro de la escena al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez, acusado de haber incurrido en abuso de poder, maniobras de encubrimiento y actos de corrupción. La denunciante solicitó que la Justicia ordene a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura provincial revisar la decisión que, días atrás, rechazó el inicio de un proceso contra el funcionario.
En su escrito, Giménez sostiene que la Resolución 627/2025 fue dictada sobre la base de "hechos falsos", omisiones sustanciales y un análisis incompleto del marco jurídico aplicable.
"La resolución carece de causa válida y es nula de nulidad absoluta", afirma.
Mirta Isabel Giménez el día en que se presentó en la legislatura
Los puntos más cuestionados de la resolución legislativa
La denunciante asegura que la Comisión alteró el sentido real de los hechos expuestos en el pedido de juicio político. Uno de los ejes centrales es la denuncia por la medida cautelar mordaza, dictada a pedido del Ministerio Público Fiscal, que habría tenido como objetivo silenciar críticas periodísticas.
Censura a la prensa y abuso de poder
Según el amparo, la Comisión redujo esta denuncia a una "cuestión judicial", cuando en realidad -señala- se trató de una instrucción política impulsada desde la cúpula del Ministerio Fiscal, con efectos directos sobre la libertad de expresión en Tucumán.
"No se cuestionó la decisión de un juez, sino el abuso de poder del Jefe de los Fiscales para acallar voces críticas", sostiene la presentación.
Designaciones irregulares y nepotismo
Otro punto central es la presunta omisión de antecedentes clave sobre designaciones irregulares firmadas por Jiménez en años anteriores. Para la denunciante, estos actos no pueden considerarse una simple falta de control, sino acciones directas y personales del funcionario.
Casos Teves y Tacacho: respuestas tardías
La resolución legislativa también afirma que en los casos de Roxana Teves y Paola Tacacho "las instituciones dieron respuesta". Para Giménez, esta interpretación distorsiona el objeto de su denuncia: no se cuestionan los fallos judiciales posteriores, sino la responsabilidad política del Ministro Fiscal por la demora, inacción y encubrimiento de fiscales bajo su mando.
El argumento internacional: corrupción y derechos humanos
El escrito introduce un elemento adicional: la denuncia de Giménez encuadraría en actos de corrupción, según la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en Argentina mediante la Ley 24.759. La denunciante remarca que estos estándares poseen jerarquía superior a las normas provinciales y obligan al Estado a investigar este tipo de conductas.
Cita también la Resolución 1/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que describe cómo la corrupción puede captar instituciones, debilitar el Estado de Derecho y afectar derechos fundamentales. "Los hechos que denuncié son típicos actos de corrupción y debían ser investigados", enfatiza.
Documentación, pedidos a la Justicia y reserva del caso federal
En el amparo se incorporan copias del pedido de juicio político, la resolución cuestionada y decisiones judiciales vinculadas. Asimismo, se solicita que la Legislatura remita el expediente completo para su revisión judicial.
Giménez plantea además la reserva del caso federal, advirtiendo que, de persistir la negativa del órgano legislativo, acudirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la presunta violación a derechos constitucionales como la libertad de expresión, la integridad física, el debido proceso y el derecho a peticionar ante las autoridades.
Qué pide finalmente la denunciante
El amparo solicita que la Justicia ordene a la Comisión de Juicio Político tratar nuevamente el pedido de destitución contra Edmundo Jiménez, esta vez evaluando la totalidad de los argumentos y pruebas aportadas.
La presentación concluye afirmando que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la afectación a principios republicanos, corresponde reabrir el análisis de la conducta del Ministro Fiscal.