El conflicto del transporte público en Tucumán sumó un capítulo judicial explosivo tras las declaraciones del abogado Amancio Petray. En la entrevista concedida anoche a El Avispero, el letrado brindó detalles de la denuncia penal por asociación ilícita contra Jorge Berreta, Daniel Orell y Luis García, directivos de AETAT. 

Petray sostuvo que la organización funciona bajo un esquema destinado a la manipulación de fondos públicos y la opacidad administrativa.

"Acá el problema es que a los empresarios del transporte nunca les alcanza la plata", disparó Petray, quien comparó el sistema local con el de Salta o Córdoba para marcar las deficiencias de Tucumán. Según el abogado, el modus operandi consiste en presionar con paros de la UTA para obtener mayores subsidios, los cuales luego serían administrados discrecionalmente. La denuncia presentada por el empresario Sergio Sansone apunta a que los balances oficiales no reflejan los ingresos reales por subsidios, que superan los $7.500 millones mensuales.

Firmas falsas y el sistema de boletos

Uno de los puntos más graves detallados por Petray es la supuesta detección de cheques con firmas falsificadas. Según el letrado, estos documentos nunca llegaron a las empresas destinatarias, lo que evidenciaría un desvío interno de fondos. "He detectado que algunos de estos cheques presentaban una falsificación de la firma autorizada de las empresas de Sansone", afirmó, calificando el hecho como una maniobra de doble contabilidad y ocultamiento.

Asimismo, Petray cuestionó la urgencia de la conducción de AETAT por implementar un nuevo sistema de boleto electrónico, ignorando que muchas empresas ya invirtieron cerca de un millón de dólares en tecnologías propias. El abogado sugirió que esta insistencia podría esconder intereses económicos ajenos a la mejora del servicio. "Ojalá que la provincia ponga lo que tiene que poner para controlar esto y le dé un corte", sentenció, advirtiendo que el Estado debe dejar de ser rehén de los pedidos constantes de fondos.