La decisión de la jueza Elizabeth Raddi no solo busca sancionar la portación de un arma de guerra operativa, sino también proteger y diagnosticar a un joven cuya biografía parece haber saltado etapas. Mientras se investiga si existió una amenaza previa a una docente, el expediente judicial ha puesto bajo la lupa un contexto de vulnerabilidad y responsabilidades precoces.

El hallazgo: un descuido que evitó una tragedia

El caso se destapó de la manera más fortuita: a un compañero se le cayeron unas balas al intentar sacar un objeto de su bolsillo. La intervención policial posterior en el aula de cuarto año permitió secuestrar el revólver calibre .38 con seis cartuchos listos para disparar. Las pericias confirmaron que el arma estaba totalmente operativa.

Una vida de responsabilidades forzadas

Lo que más impactó a los equipos interdisciplinarios de la Dinayf y la fiscalía no fue un historial delictivo (que no posee), sino su realidad cotidiana:

Trabajo infantil: Es changarín en el Mercofrut desde los 12 años para aportar a la economía de su hogar en el barrio Autopista Sur.

Paternidad temprana: A sus 17 años, ya es padre de un bebé de 10 meses, de cuya manutención se hace cargo activamente.

Entorno familiar: Vive en una casa con sus padres y cinco hermanos donde todos trabajan.

Las incógnitas: ¿Por qué llevó el arma?

Existen dos versiones que la fiscalía de Mariano Fernández intenta contrastar:

La versión del joven: Sostuvo que el arma no era suya y que solo quería "mostrársela" a sus amigos.

La versión del padre: Aseguró que un amigo le dejó el revólver para "cuidárselo" y que su hijo lo tomó sin permiso. Esto podría derivar en una causa penal contra el adulto por la tenencia del arma.

La señal de alerta: ¿Hubo amenazas?

Los investigadores siguen una pista sensible: un posible conflicto previo con una docente. Se busca determinar si el joven amenazó a una profesora días antes del episodio. De confirmarse, la hipótesis de la "travesura" o "exhibición" caería para dar lugar a una conducta premeditada y peligrosa.

La jueza Raddi remarcó que estos dos meses en el dispositivo socioeducativo de Benjamín Paz no son solo punitivos. El objetivo es que equipos de salud mental realicen un diagnóstico profundo. Se busca entender cómo la "adultización prematura" y las presiones de ser padre y sostén económico a los 17 años pudieron haber detonado una conducta tan errática como llevar un arma cargada a una escuela.