Un nuevo escándalo sacude al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del organismo desde 2024, por un presunto vínculo con la empresa que provee comida a los detenidos en el penal de Ezeiza, señalada por entregar alimentos en mal estado.

La investigación apunta a una posible cartelización del servicio de alimentación, que habría sido permitida -o al menos conocida- por autoridades penitenciarias. El procedimiento se realizó en el marco de una causa que ya había generado antecedentes graves por denuncias sanitarias y habeas corpus presentados por los propios internos.

El teléfono "perdido" y las sospechas del juez

Durante el allanamiento, la situación se volvió tensa cuando Martínez entregó a la Justicia un teléfono antiguo y en desuso. Al advertir que no se trataba de su celular habitual, los agentes judiciales le solicitaron el dispositivo correcto. El funcionario respondió que lo había "extraviado" ese mismo día.

La explicación despertó sospechas inmediatas. Por orden de Villena, se rastrearon las últimas conexiones del aparato y el informe fue contundente: el teléfono había emitido señal una hora antes del allanamiento, en inmediaciones del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas.

Fuentes del caso deslizaron que el horario y la localización resultaron inquietantes y no descartaron que alguien hubiera alertado al funcionario sobre el procedimiento judicial.

La licitación bajo la lupa y el antecedente Foodrush

El allanamiento coincidió con un dato clave: ese mismo día se resolvía una nueva licitación para la provisión de comida en Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad. La adjudicación volvió a quedar en manos de Bio Limp.

La causa tiene antecedentes de peso. Años atrás, tras un habeas corpus por comida en mal estado, Villena falló contra la empresa Foodrush y le prohibió volver a participar en licitaciones del SPF en todo el país. Peritajes con intervención de ANMAT detectaron alimentos contaminados y no aptos para el consumo humano.

Pese a esa sanción, en una licitación posterior Foodrush volvió a aparecer, directa o indirectamente. Bio Limp -sin antecedentes en el rubro alimentario- comenzó a prestar el servicio y, a poco de iniciarse, regresaron las denuncias. Villena reabrió la causa bajo la carátula de "Envenenamiento".

Camiones compartidos, facturas cruzadas y una presunta pantalla

La investigación avanzó con allanamientos a Bio Limp y reveló datos comprometedores: los camiones utilizados tenían patentes vinculadas a Foodrush, el personal de cocina era el mismo y se encontraron facturas entre ambas empresas por montos millonarios.

Para el juez, esta operatoria no podía realizarse sin el aval o conocimiento de las autoridades del penal. Por eso, además de Bio Limp, ordenó allanamientos en oficinas del director del penal de Ezeiza, su área administrativa y la del propio Martínez, al considerar que no podían desconocer la maniobra.

Cruces con la Fiscalía y respaldo político

La fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de lo actuado, al sostener que las medidas se dispusieron en un día inhábil y cuestionó el secuestro del teléfono del director del SPF. Desde el entorno de Villena replicaron que un funcionario público no debería negarse a entregar su celular si no tiene nada que ocultar.

En paralelo, el juez informó que se comunicó con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, de quien recibió -según indicó- una "excelente predisposición" y respaldo para avanzar con la investigación.