Con el cierre del período de sesiones extraordinarias fijado para el 28 de febrero, el Gobierno nacional ya delinea su estrategia para el resto del año. El próximo domingo 1° de marzo, el presidente Javier Milei dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Allí, además de hacer un balance de gestión, pondrá sobre la mesa los proyectos de fondo que el oficialismo buscará aprobar durante 2026 para consolidar su modelo económico e institucional.

El gran desafío para La Libertad Avanza será mantener las mayorías circunstanciales logradas en ambas Cámaras para avanzar con un paquete que incluye desde alteraciones a las normativas ambientales y acuerdos internacionales de peso, hasta modificaciones estructurales en el sistema tributario, judicial y educativo.

El eje internacional: el acuerdo comercial con la administración Trump

Uno de los puntos clave de la agenda para las primeras semanas del período ordinario es el plano internacional. Un ministro del Gabinete confirmó que es prioridad la aprobación del Acuerdo de Comercio e Inversión con los Estados Unidos.

Este entendimiento estratégico entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump tiene como objetivo profundizar la relación económica bilateral, poniendo el foco en la exportación de energía, productos agrícolas y minerales críticos, recursos donde provincias como Tucumán y el resto del NOA tienen un rol central. En esa misma línea geopolítica, también se prevé la ratificación de la adhesión argentina al Consejo de Paz impulsado por el mandatario norteamericano.

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Ley de Glaciares y las tres grandes reformas en espera

En paralelo a la agenda exterior, el Senado buscará sancionar esta semana la modificación a la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por la Casa Rosada junto a los gobernadores cordilleranos. La iniciativa reduce la protección sobre áreas periglaciales para favorecer la actividad minera e hidrocarburífera. Si bien el proyecto delega en las provincias la facultad de definir qué zonas proteger, es fuertemente resistido por agrupaciones ambientales que advierten sobre el impacto ecológico.

De cara a los próximos meses, el Ejecutivo anticipa el envío de tres grandes reformas estructurales:

Reforma Tributaria: Los tiempos y el contenido fino de esta iniciativa clave para el esquema recaudatorio quedarán bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Economía.

Reforma Educativa ("Libertad Educativa"): Trabajada durante el Consejo de Mayo (encabezado por Manuel Adorni), busca reemplazar la actual Ley de Educación. Declara a la educación básica como servicio esencial (limitando el impacto de medidas de fuerza laborales) y habilita a las escuelas a definir métodos de enseñanza y seleccionar docentes. A esto se suma el reciente proyecto para recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.

Reforma Judicial y Penal: El Gobierno insistirá con el pliego de nombramientos para cubrir vacantes en juzgados federales y en la Corte Suprema de Justicia, tras los intentos fallidos con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Además, se impulsará un nuevo Código Penal que declara imprescriptibles delitos graves y endurece las penas para robos, estafas y usurpaciones.