Distintos sectores céntricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires amanecieron este lunes empapelados con llamativos afiches que exhiben la imagen de una dependencia del Poder Judicial de Tucumán y una dura consigna: "Destino Tucumán, paraíso penal para violadores".

La pegatina, de autoría anónima, no hace referencia directa a un expediente judicial puntual. Sin embargo, en el microcentro porteño la consigna fue rápidamente asociada a una causa reciente que tuvo amplia repercusión nacional: el caso de los exjugadores del club Vélez Sarsfield, tramitado en los tribunales tucumanos.

Como se informó oportunamente, a fines de diciembre el juez José Augusto Paz Almonacid resolvió el sobreseimiento de los cuatro futbolistas imputado: José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Brian Cufré y Abiel Osorio, acusados de una presunta violación grupal contra una joven tucumana. El fallo generó un fuerte revuelo público y múltiples cuestionamientos.

No obstante, la causa aún no está cerrada. Tal como adelantó Tendencia de Noticias, el expediente se reactivará en febrero, una vez finalizada la feria judicial. La querella ya anticipó que impugnará la resolución, al considerar que el fallo es prematuro y que no se alcanzó el estándar legal de "certeza negativa" requerido para dictar un sobreseimiento.

Los abogados de la denunciante, Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti, anunciaron que presentarán un escrito en el que pondrán el foco en la existencia de un conjunto de pruebas que, a su criterio, no fueron debidamente valoradas durante el proceso. El juicio oral y público concluyó a fines de la semana pasada, tras meses de investigación y la realización de tres audiencias.

La defensa de la supuesta víctima cuenta con un plazo de diez días hábiles, a partir del 1° de febrero, para presentar formalmente los fundamentos de la impugnación contra el fallo de primera instancia.

En paralelo, y aunque aún no está definido, en febrero también podría activarse una contradenuncia contra la denunciante y su entorno por presuntos delitos de competencia federal. Esta posibilidad surge en el marco de una presentación ya realizada por el futbolista paraguayo José Florentín Bobadilla, quien, a través de sus abogados, denunció a la joven, a sus letrados, a testigos y al diputado nacional y dirigente bancario Carlos Cisneros.

Según la defensa del jugador, los denunciados integrarían una supuesta asociación ilícita que habría manipulado pruebas con el objetivo de construir una causa falsa por abuso sexual en su contra y la de sus excompañeros. Incluso, advirtieron que esa organización podría estar vinculada a otros delitos, como la trata de personas.

Mientras el expediente judicial sigue su curso y se aguardan definiciones tras la feria, la aparición de los afiches en Buenos Aires volvió a poner bajo la lupa el accionar de la Justicia tucumana y reavivó el debate público en torno a uno de los casos más sensibles de los últimos tiempos.