Esta semana, la Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve a convocar a un paro general -el tercero desde que asumió Javier Milei- con el respaldo de las principales centrales sindicales del país. El reclamo se sustenta en una batería de datos económicos que proyectan un año negro para el mercado laboral, los ingresos de los hogares y el consumo interno.

La medida de fuerza de 36 horas arrancará el miércoles 9 de abril con una movilización en apoyo a los jubilados, que cada semana protestan frente al Congreso. El jueves 10, la jornada continuará con un paro nacional de actividades, al que se sumarán casi todos los gremios, a excepción de la UTA.

Empleo y salarios: la caída que no frena

Las cifras son claras. De acuerdo con el informe del CETyD, en marzo el empleo continuó estancado, con una leve tendencia a la baja. Solo se recuperó un 12% de los 176.000 puestos perdidos entre agosto de 2023 y julio de 2024. A este ritmo, recién en 2026 podrían volver a los niveles previos.

En paralelo, los salarios están muy lejos de ganarle a la inflación. Con paritarias limitadas por la política oficial, el Gobierno apuesta a los sueldos como ancla para desacelerar la suba de precios. Esto genera, según la consultora Ecolatina, una pérdida sostenida del poder adquisitivo: 9 de los 12 principales gremios comenzaron el año con ajustes por debajo del IPC.

Jubilaciones: un haber mínimo que no alcanza ni para la mitad de la canasta

Los jubilados son otro de los sectores más golpeados. La pérdida acumulada en 2024 ya supera los $2 millones por persona. La mínima, con bono incluido, apenas supera los $350.000, mientras que la canasta básica para un adulto mayor supera los $1,2 millones.

Además, la eliminación de la moratoria previsional dejará sin acceso a la jubilación al 50% de los varones y al 69% de las mujeres con edad legal para retirarse. Desde el CEPA advierten que, incluso con inflación moderada, el haber seguirá estancado.

Pymes en alerta: desplome de la inversión y caída de ventas

La actividad industrial atraviesa un escenario crítico. Según el Observatorio Pyme, el 60% de las pequeñas y medianas empresas no planea invertir en 2025, y siete de cada diez consideran la caída en las ventas como el principal problema. El impacto no solo se limita a las pymes: grandes empresas ya iniciaron procesos de desinversión y fuga de capitales.

El dólar planchado y la incertidumbre financiera

La estrategia del Gobierno de mantener el dólar oficial estable como ancla antiinflacionaria también genera interrogantes. La caída de reservas del BCRA -más de 4.400 millones en lo que va del año- y la dependencia de mecanismos frágiles como el blanqueo de capitales, encienden luces rojas de cara al segundo semestre.

Desde la consultora C-P alertan que, aún con un acuerdo con el FMI, no se puede descartar una tensión cambiaria postelectoral si no aparecen fuentes alternativas de financiamiento.