Las acciones de YPF cayeron un 7% este lunes en Wall Street luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenara al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la petrolera para cumplir parcialmente con una sentencia que obliga al país a pagar USD 16.100 millones. La decisión golpea duramente al principal activo energético del país y sacude al mercado financiero argentino.

Según el fallo, Argentina deberá transferir ese paquete accionario a una cuenta de custodia del BNY Mellon en un plazo de 14 días, para que luego sea traspasado a los demandantes. Las acciones en cuestión fueron expropiadas en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, tras ser adquiridas a Repsol.

Quiénes están detrás de la demanda por la expropiación

La demanda es impulsada por Burford Capital, fondo que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa). Según la jueza Preska, el proceso de nacionalización de YPF en 2012 no cumplió con lo estipulado en el estatuto de la empresa, lo que derivó en la millonaria sentencia. Burford Capital celebró el fallo con una suba del 15% en sus acciones, superando los 13 dólares por unidad.

El Gobierno argentino aún puede apelar, pero las chances de revertir el fallo son limitadas tras los sucesivos rechazos en instancias anteriores.

Efecto dominó: otras acciones del sector también caen

El desplome de YPF arrastró a otras compañías del sector energético en la Bolsa de Nueva York:

• Pampa Energía bajó un 3,3%

• Vista Energy retrocedió 1,3%

• Transportadora Gas del Sur cayó 2,7%

Además, el S&P Merval se hundió un 2,8%, marcando su nivel más bajo desde noviembre de 2024.

El revés judicial y la incertidumbre sobre el futuro de YPF se suman a un contexto internacional adverso, con el precio del petróleo cayendo a USD 65 y un panorama incierto para la industria energética global.

Un golpe a Vaca Muerta y al futuro energético del país

YPF lidera los desarrollos en Vaca Muerta, una de las reservas de gas no convencional más importantes del mundo. La pérdida del control estatal del 51% de las acciones pone en riesgo el modelo energético nacional y complica la planificación de inversiones a largo plazo.

Expertos como Sebastián Maril advierten que no resolver estos litigios a tiempo puede generar mayores costos para el país y debilitar su imagen frente a los mercados internacionales.