La jueza del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, informará el próximo lunes 14 de julio si acepta o no la apelación presentada por el Estado argentino, que busca suspender la sentencia que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012.

La novedad fue confirmada por Sebastián Maril, analista financiero y experto en litigios internacionales, quien sigue de cerca el caso desde sus inicios.

Argentina apela y advierte que irá a la Corte Suprema si es necesario

Este jueves por la mañana, el Gobierno nacional presentó formalmente su apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En el documento, Argentina anticipó que, en caso de recibir un nuevo revés judicial, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Entre los argumentos presentados por la defensa argentina, se sostiene que la sentencia de Preska viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y los principios de cortesía internacional.

Además, se subrayó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había expresado su rechazo a la entrega de acciones en 2023, lo que se interpreta como un respaldo del gobierno de Donald Trump.

Un fallo con impacto extraterritorial e institucional

La presentación de Argentina también alertó sobre un "ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial" y destacó que cualquier cambio accionario en YPF debe ser aprobado por el Congreso nacional, lo que refuerza la necesidad de suspender la ejecución de la sentencia.

El país busca frenar el traspaso de las acciones a Burford Capital, que exige la ejecución inmediata del fallo de US$16.000 millones. El próximo lunes será clave para definir si la justicia de EE.UU. accede a revisar el caso o si la Argentina queda obligada a avanzar con el cumplimiento de una de las sentencias más costosas de su historia judicial reciente.