Los fondos Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management rechazaron formalmente la solicitud de la República Argentina para suspender el proceso de discovery y las acciones vinculadas a un eventual desacato, mientras se tramita la apelación por la sentencia que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF.

En una carta presentada ante la jueza Loretta Preska, los demandantes sostuvieron que el pedido argentino no cumple con los requisitos legales exigidos para otorgar un stay (suspensión del proceso) y que, en realidad, se trata de una maniobra dilatoria para evitar sanciones y frenar la búsqueda de activos embargables.

El argumento del Gobierno y la referencia al oro del Banco Central

El Poder Ejecutivo argumentó que la entrega de una declaración jurada sobre las reservas de oro del Banco Central forma parte de su defensa bajo el principio de inmunidad soberana. Ese planteo se realizó en el marco del intento oficial por frenar el discovery impulsado por Burford Capital, el fondo que compró los derechos del litigio.

Además, la Argentina apeló la sentencia y calificó como "hostigamiento" los pedidos de información sobre funcionarios y activos estatales requeridos por los demandantes en el proceso de ejecución.

Sin embargo, Petersen y Eton Park remarcaron que el país ya incumplió en etapas anteriores condiciones impuestas por el tribunal, como ofrecer garantías o solicitar una revisión acelerada, por lo que no tendría derecho a un nuevo beneficio procesal.

El precedente legal que complica a la Argentina

Los fondos invocaron el precedente judicial Nken v. Holder para reforzar su postura. Según ese criterio, para conceder una suspensión, la parte solicitante debe demostrar una probabilidad concreta de éxito en la apelación y la existencia de un daño irreparable.

A criterio de los demandantes, la Argentina no cumple con ninguno de esos puntos y, por el contrario, la demora perjudica a los acreedores porque interrumpe la localización y preservación de bienes que podrían ser embargados, entre ellos el oro del Banco Central.

Qué definirá Preska y cuáles son los próximos pasos

La República Argentina presentará el 19 de febrero sus argumentos en respuesta a las sanciones reclamadas. Luego de esa réplica, la jueza Preska deberá decidir si corresponde frenar el discovery o permitir que continúe mientras se sustancia la apelación.

Desde el Gobierno sostienen que el proceso se volvió "insólito y desproporcionado" y rechazan las acusaciones de dilación.

Si Preska niega la suspensión o impone sanciones, el expediente podría volver a escalar a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, abriendo una nueva instancia judicial.

La decisión de la magistrada será determinante para el ritmo de ejecución de la sentencia multimillonaria y para la posibilidad concreta de que los acreedores identifiquen y aseguren activos argentinos en el exterior, en un caso que sigue tensando los límites entre la soberanía estatal y los mecanismos de cobro internacional.