El Gobierno nacional presentó un nuevo escrito ante la jueza estadounidense Loretta Preska, reiterando su pedido para que se suspenda el fallo que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. La sentencia forma parte del juicio por la expropiación de la petrolera y asciende a US$17.750 millones con intereses.

Los abogados del Estado afirmaron que cumplir con la entrega violaría leyes argentinas y generaría una pérdida de control irreversible sobre YPF. También alertaron que esto podría impactar negativamente a las provincias y a los tenedores de bonos soberanos, terceros que no están directamente involucrados en el litigio.

"El fallo fuerza a violar leyes nacionales", sostiene el escrito

Según la presentación, esta disputa no se trata de un caso comercial ordinario, sino de un juicio sin precedentes. El Estado argentino advirtió que una entrega inmediata de acciones podría activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF y generar consecuencias legales internas.

El texto remarcó que la Ley N.º 26.741 impide vender acciones sin aval legislativo, por lo que ejecutar el fallo significaría ir contra la legislación vigente. Además, los letrados alegan que mantener el statu quo no genera perjuicio alguno a los demandantes y permitiría litigar de manera ordenada hasta que se resuelva la apelación en la Cámara de Nueva York.

El caso Bainbridge y el origen del conflicto

El juicio contra Argentina fue impulsado por los fondos que representan a exaccionistas minoritarios de YPF, que reclaman que durante la estatización en 2012 el Gobierno solo compensó a Repsol y no al resto de los socios.

El fallo inicial de Preska, en septiembre de 2023, impuso el pago de US$16.000 millones, cifra que ahora, con intereses, supera los US$17.700 millones. La apelación presentada por Argentina en enero de 2024 todavía no fue resuelta por el tribunal.

El Gobierno busca frenar la ejecución del fallo hasta que la Cámara se expida y argumenta que hay otras vías para resolver el conflicto sin recurrir a una medida que podría perjudicar a actores locales e internacionales.