Argentina busca frenar el acceso a comunicaciones privadas

En medio del litigio por la expropiación de YPF, Argentina solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska, del Segundo Circuito de Nueva York, que reconsidere el fallo que obliga al país a entregar correos, mensajes y comunicaciones personales de actuales y ex funcionarios. La medida se enmarca dentro del proceso conocido como discovery, impulsado por Burford Capital, principal beneficiario del fallo multimillonario contra el Estado.

Desde la Procuración del Tesoro (PTN) se presentaron dos mociones. La primera rechaza la exigencia de entregar comunicaciones privadas al señalar que el Estado no tiene "posesión, custodia ni control" sobre los dispositivos personales de funcionarios, un requisito clave según la normativa estadounidense. Además, remarcaron que en la legislación argentina esos datos son inviolables incluso para el propio Gobierno.

Reclamo por los límites del discovery

La segunda moción cuestiona el pedido de información sobre activos del Estado, recordando que la Corte Suprema de Estados Unidos ya estableció en el caso NML Capital que solo pueden investigarse bienes "susceptibles de ejecución". Según la defensa argentina, la orden de Preska desatendió ese precedente y habilitó un acceso "irrestricto" contrario al derecho vigente.

En julio, la jueza había ordenado la entrega de datos vinculados a funcionarios como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ex titular del Palacio de Hacienda Sergio Massa. La medida incluía correos electrónicos, mensajes de WhatsApp e información del Banco Central.

El trasfondo del juicio por YPF

El conflicto surge de la expropiación de YPF en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner. En ese proceso, Argentina fue condenada a pagar alrededor de USD 18.000 millones, cifra que incluye intereses. Burford Capital, dueño de la mayor parte de la sentencia, busca embargar activos o detectar bienes del Estado susceptibles de ejecución.

Recientemente, la Corte de Apelaciones de Nueva York permitió que Argentina mantenga las acciones de YPF en la Caja de Valores mientras se define la apelación, sin tener que desprenderse de esos títulos ni presentar otras garantías. Desde el Gobierno celebraron el fallo como un paso clave para resguardar un activo estratégico.