La causa por la violación en manada denunciada en marzo de 2024 en Tucumán, que involucra a cuatro ex jugadores de Vélez Sarsfield, volvió a ocupar el centro de la escena judicial y mediática. Este martes, la Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios en el marco de la denuncia presentada por la defensa del futbolista José Florentín, que acusa al diputado nacional Carlos Cisneros y a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de encabezar un supuesto "plan criminal" para incriminar a los jugadores.

Los procedimientos se realizaron en varios puntos de la provincia y forman parte de lo que el propio entorno de la defensa califica como una "denuncia espejo", destinada a desacreditar el proceso original. La causa madre -la presunta violación grupal- sigue sin ser elevada a juicio a pesar de las pruebas recolectadas en más de 15 meses de instrucción.

Una denuncia espejo y una víctima al límite

Según fuentes del caso, la presentación impulsada por los abogados de Florentín busca desviar el foco de atención del expediente principal, que investiga un delito gravísimo de abuso sexual agravado cometido por un grupo de futbolistas. "Se trata de una maniobra para enturbiar el proceso y presionar a quienes acompañan a la denunciante", sostienen desde el entorno de la victima.

Mientras tanto, la joven periodista que denunció la violación atraviesa las consecuencias más duras de esta estrategia. De acuerdo a lo que pudo saber y reconstruir este medio, la mujer se encuentra bajo asistencia psicológica tras haber intentado atentar contra su vida desde la azotea de su lugar de trabajo. Sus propios compañeros intervinieron a tiempo y lograron salvarla. "Está devastada por la revictimización y las presiones que recibe", describieron allegados.

Justicia que avanza en un sentido y se paraliza en otro

La celeridad con la que se ejecutaron los allanamientos contrasta con la lentitud del expediente original, que investiga la violación grupal. La fiscal Adriana Reinoso Cuello aún no ha elevado la causa a juicio, a pesar del tiempo transcurrido y del volumen probatorio.

Para especialistas en género y en derecho penal consultados por este medio, la situación revela un patrón: mientras las denuncias de abuso sexual se estancan, las maniobras defensivas se tramitan con rapidez inusual, generando una revictimización que agrava el daño emocional de las denunciantes.

Reclamo social: basta de impunidad y de revictimización

El caso generó indignación en redes sociales y en organizaciones de mujeres como "Ni una menos" exigen que la Justicia tucumana actúe con perspectiva de género. "Una contra denuncia no borra una violación en manada", sintetizó una de las fuentes consultadas.

La joven continúa bajo cuidado profesional y el entorno que la acompaña pidió "responsabilidad a los medios y a la Justicia" para evitar que la revictimización termine en tragedia.

Mientras tanto, la causa por violación grupal sigue esperando su elevación a juicio. Y cada día de demora, advierten, no sólo es un día más de impunidad, sino también un riesgo adicional para la vida y la salud de la víctima.