La investigación sobre la venta irregular de terrenos en la Reserva Natural La Angostura podría tener más implicancias de lo que se pensaba. Recientemente, surgieron indicios de que los mismos actores involucrados en El Mollar estarían operando en El Cadillal. Según fuentes judiciales, se hallaron documentos en los allanamientos que apuntan a una maniobra similar de usurpación y venta ilegal de terrenos fiscales.

Según lo investigado, una posible organización estaría utilizando procedimientos irregulares para legalizar terrenos que, en realidad, nunca tuvieron la aprobación oficial. En este contexto, los sospechosos habrían recurrido a documentación falsificada para engañar a los compradores.

Hallazgos clave en allanamientos y nuevos vínculos

Durante los allanamientos realizados a las viviendas de los involucrados, la policía descubrió documentos cruciales que vinculan a personas claves del caso. Entre los hallazgos, se encontraron papeles que podrían probar que Juan Pablo Castro, supuesto titular del proyecto inmobiliario Loteo Gaucho Castro, tenía una conexión más estrecha con la operación ilegal de lo que se pensaba.

Se descubrió que Castro le habría cedido parcelas a Rafael Trujillo, ex empleado de la Subsecretaría de Regularización Dominial, quien a su vez habría transferido terrenos a su nuera, Yanina Mamaní. Ella firmó varios de los contratos de compraventa que ahora están siendo cuestionados por la justicia.

Otro hallazgo importante se dio en la vivienda del ex subsecretario de Regularización Dominial, Fernando Rogel Chaler, donde se encontraron sellos oficiales de su cargo, lo que refuerza la hipótesis de que pudo haber estado involucrado en la falsificación de documentos.

¿Qué sigue en la investigación?

El fiscal Miguel Varela, quien está a cargo de la causa, espera nuevos avances en los próximos días. Aunque decidió retrasar la audiencia donde se presentarán las acusaciones formales, los indicios son cada vez más contundentes. En su próxima intervención, Varela buscará presentar una acusación formal contra los implicados, que podrían enfrentar cargos de usurpación, estafa e incluso asociación ilícita.

Además, el fiscal ya adelantó que solicitará la restitución de los terrenos ocupados ilegalmente. En colaboración con la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, se espera recuperar rápidamente parte de la zona protegida que pertenece a la provincia, un procedimiento que, en el pasado, tomaba años.