La sentencia judicial en Tucumán impuso un "bozal legal" a un medio y a todos sus profesionales sigue generando repercusiones. La medida encendió las alarmas sobre un grave retroceso en la garantía de la libertad de prensa.

A principios de noviembre, el juez subrogante Lucas Taboada dictó una medida cautelar. Dicha medida prohibió a la empresa Compañía de Circuitos Cerrados (CCC) difundir contenidos críticos sobre la justicia provincial.

Este caso de censura judicial fue destacado en el informe anual sobre libertad de expresión en Argentina. El reporte, elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), reveló "regresiones graves" en la provincia. El documento señala que la criminalización de periodistas se extendió a nivel federal.

La censura se dictó por seis meses. Esto fue a raíz de una denuncia penal presentada por el ministro fiscal Edmundo "Pirincho" Jiménez. La denuncia se originó por informaciones difundidas sobre una investigación de abuso sexual.

El argumento del juez Taboada fue que las producciones periodísticas no constituían un ejercicio legítimo del derecho a informar. La sentencia requirió la supervisión del cumplimiento del bozal legal por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) repudió el fallo. El gremio solicitó la intervención de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, ya que advirtió sobre el grave precedente de censura previa.